Una fiscalía superior del Ministerio Público resolverá la apelación contra el fallo que archiva la denuncia contra Alberto Fujimori y otros exfuncionarios de Estado por las esterilizaciones forzadas cometidas en la década de 1990.
El abogado de las víctimas, Carlos Rivera, sostuvo que presentó el referido recurso, mediante el cual se insiste en que existe responsabilidad de parte de Alberto Fujimori sus ministros y funcionarios del sector en este tema.
“Sostenemos que hubo una política de Estado sobre este tema y que se desarrollaron eventos de carácter delictivo, como consecuencia de un plan sistemático, con decisiones superiores de la alta dirección del Ministerio de Salud que comprometieron a Alberto Fujimori”, mencionó Carlos Rivera.
El abogado rechazó el pronunciamiento previo de la fiscal Marcelita Gutiérrez que establece que no hubo una práctica digitada desde el Estado para esterilizar forzadamente a mujeres de zonas rurales, y, por ende, tampoco se configuró ni el delito de lesa humanidad ni la figura de la autoría mediata.
Carlos Rivera explicó que al registrarse “el mismo modus operandi en diversos departamentos, esto no pudo ser resultado de una casualidad o de la decisión de los médicos que hicieron las operaciones, sino de órdenes de carácter superior”.
A eso se agrega que desde la Casa Militar de Palacio de Gobierno se otorgaron “prebendas” a los funcionarios cuyas jurisdicciones de salud realizaban más intervenciones quirúrgicas de esa índole, dijo el letrado
“¿Qué tenía que ver un despacho vinculado al presidente con este tema?”, cuestionó Carlos Rivera.
El procedimiento establecido fija que la fiscal Marcelita Gutiérrezdeberá derivar la apelación presentada a una fiscalía superior, la cual puede emitir su pronunciamiento hasta en un plazo aproximado de seis semanas, mencionó el abogado.
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