Las brutales esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas alrededor de 200 mil mujeres durante la dictadura de Alberto Fujimori Fujimori realmente fueron parte de una política de Estado y no una acción bajo responsabilidad de los médicos, muchos de los que fueron obligados a realizarlas, como lo afirmara Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard.
Tal como lo reveló la prensa, los médicos tuvieron que ampliar abismalmente la cantidad de procedimientos para Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).
#Perú: #CIDH toma nota de la decisión de sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el Auto de Apertura de Instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos.…
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“Los médicos debían esterilizar ya no a dos mujeres al día sino a 62, de acuerdo con el mandato del Ministerio de Salud, en cumplimiento de una política de Estado del régimen de Alberto Fujimori”, explica un nforme sobre la base del testimonio del anestesiólogo del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (Cesamica) en Piura, Rogelio Del Carmen.
Esta terrible cantidad llegó a causa de “un oficio firmado por el director de Salud de las Personas, de la Dirección Regional de Salud de Piura, doctor Rodolfo Soto Zapata. En el documento se les ordenaba efectuar, entre el 15 y 18 de julio (de 1997), ‘una gran campaña de atención integral cuya meta (es) 250 (intervenciones de) AQV’”.
Esta cantidad le pareció muy absurda, motivo por el que fue a reclamar al director del Cesamica. “Era absurdo que en un establecimiento tan pequeño con un solo quirófano disponible se pretendiera hacer semejante cantidad de esterilizaciones. Me dijo que ya estaba todo arreglado, que nosotros teníamos que asumir ese trabajo y ejecutarlo en cuatro días. Para mí ese documento era una ofensa a la dignidad de las mujeres y de la de los médicos”.
Según relata Rogelio Del Carmen, ya que no tenían escapatoria, él y otros 11 médicos firmaron una denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, tras lo que, horas más tarde, fueron citados a una reunión con las altas autoridades médicas de la región junto al ministro de Salud de ese entonces, Marino Costa Bauer.
En esta reunión los altos funcionarios reclamaban el acto de “rebeldía” de los médicos y les aseguraban su respaldo legal en caso de complicaciones. “Los directores de Salud dejaron de lado a los 12 médicos que se oponían a las esterilizaciones y captaron a otros facultativos para cumplir con el mandato del gobierno de Fujimori”, explicó.
Asimismo, “La República” recogió las declaraciones del ex director regional de Salud de Piura, Luis Beingolea, y del ex director del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (Cesamica), Manuel Girón, que confirmaron que estás esterilizaciones eran órdenes directas del Poder Ejecutivo.
Manuel Girón, ex director del Cesamica, incluso resalta que “los médicos que firmaron (contra las esterilizaciones) fueron muy valientes y se resistieron a realizar AQV de manera excesiva y sin mayores protocolos. Yo no firmé la carta porque era director del Cesamica, estaba administrando el establecimiento. Eran disposiciones del nivel central, porque venían de Lima. Venía gente especialmente a supervisar el cumplimiento de las campañas de AQV”.
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El anestesiólogo Rogelio Del Carmen además menciona que estas esterilizaciones eran realizadas en condiciones que ponían en alto riesgo la salud de las pacientes, inclusive, la anestesia que les aplicaban (anestesia local), era inadecuada para este tipo de intervención.
“No importaban las condiciones insalubres en que se efectuaban las intervenciones quirúrgicas. Lo único que se buscaba era cumplir con la orden del gobierno de alcanzar las metas de las esterilizaciones”, explica Del Carmen.
Las investigaciones de la prensa desmienten las declaraciones que hiciera Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, porque con estas declaraciones testimoniales queda aclarado que en realidad las aproximadamente 200 mil esterilizaciones forzadas realizadas entre 1996 y 2000 fueron parte de la política de Estado, sin considerar los Derechos Humanos, del dictador Alberto Fujimori.
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Texto: WSV
Fotos: Archivo
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