El titular de Justicia, Enrique Mendoza, declaró que su sector evalúa algunas “salidas constitucionales” frente a las reparaciones civiles impagas en favor del Estado, como las que adeuda la terrorista Martha Huatay.
Mencionó que no pagar la reparación civil es incumplir la condena en su totalidad, pues, en casos como el de Martha Huatay, la sentencia comprende tanto la privación de la libertad, como la pena accesoria de resarcir al Estado.
“La reparación impaga significa que la sentencia o la pena no ha sido cumplida con todos sus anexos o penas accesorias, es decir, no ha sido cumplida en su integridad. Estamos viendo las salidas constitucionales y con respeto a los derechos que tiene cualquier ciudadano”, afirmó Enrique Mendoza.
Dijo que se abre la eventualidad de “establecer o estudiar” cómo el Estado puede reaccionar y hacer seguimiento a la situación de los terroristas liberados que no han pagado las reparaciones civiles o las penas accesorias.
Enrique Mendoza indicó que preocupa la excarcelación de integrantes de Sendero Luminoso, pero señaló que el Gobierno “no se puede quedar solo en la preocupación”, pues se debe toma las medidas pertinentes a fin de hacerles un seguimiento y garantizar la seguridad a la ciudadanía.
“Deben tomarse las medidas dentro de la constitucionalidad y el respeto a los derechos que tienen las personas, incluidas las que han cumplido sus penas. Les podemos establecer lineamientos para que haya una advertencia, un seguimiento, un registro”, enfatizó el ministro.
Aunque se mostró de acuerdo en que “no es un asunto fácil”, Enrique Mendoza detalló que una posible salida no afectará los derechos de los excarcelados y se ajustará a las leyes vigentes y a la normativa internacional que otros países aplican para este tipo de casos.
“En Alemania, por ejemplo, hay legislación que permite que el Estado ejerza un control y que cumpla con un deber fundamental. El Estado tiene por obligación buscar la paz social y la vida pacífica entre sus ciudadanos. Esa obligación no debemos dejarla de lado”, enfatizó el ministro de Justicia.
Precisó que corresponderá al Colegio de Abogados de Lima (CAL) revisar sus códigos de ética para determinar si Martha Huatay puede ejercer la abogacía, en caso no actúe acorde a derecho.
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