El 21 de agosto de 2017, el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó un acto en la Casa de Gobierno para imponer en el cargo a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras que gobernaron entre 1964 y 1982.
A un mes de ese anuncio, ya se definió presupuesto, lugar y metodología de trabajo, como así también la contratación inicial de 15 técnicos para desarrollar las distintas actividades.
«Es un proceso muy particular el de Bolivia donde por primera vez el Ejército va de la mano y acompaña un proceso político progresista», afirma Nila Heredia, integrante de la Comisión de la Verdad creada por el presidente Evo Morales.
La noticia fue muy bien recibida desde la sociedad civil, aunque Ruth Llanos, presidenta la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, advirtió que generó expectativas y removió el dolor acumulado. En este sentido dijo que «será necesario que la Comisión incorpore un servicio de apoyo sicológico» para que víctimas y familiares estén contenidos.
«Este tema se fue ocultando durante décadas y en Bolivia los centros mineros han sido muy perseguidos. A veces la propia sociedad trata de olvidarlo un poco porque sino sería una sociedad renegada y autodestructiva… en Bolivia por lo menos las heridas se las va superando de manera colectiva también», apuntó Heredia. (Agencias)