GINEBRA.- Los estados deben ejercer un mayor control sobre las empresas multinacionales que tengan su sede o estén domiciliadas en su territorio y que operan en otros países para asegurarse de que sus actividades no afectan los derechos humanos de los ciudadanos, según un grupo de expertos de la ONU.
«Sería contradictorio que un Estado permaneciera impasible si un actor domiciliado en su territorio y, por tanto, bajo su control y autoridad, dañase los derechos de personas de otro país», indica en un informe publicado hoy el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Esta guía señala que los estados deben vigilar a las multinacionales operen donde operen y dar prioridad al bienestar económico, social y cultural de sus ciudadanos por encima del cumplimiento de tratados de inversiones, conforme al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la gran mayoría de países han adoptado.
La presidenta del órgano que supervisa el cumplimiento del pacto, Virginia Bràs Gomes, consideró que estas directrices son esenciales en tiempos en que las inversiones extranjeras y los intercambios comerciales aumentan.
El informe de la ONU establece la obligación que tienen los estados de luchar contra la evasión de impuestos de grandes corporaciones que se sirven de un sistema de sociedades opacas para ocultar capitales en paraísos fiscales, tal y como revelaron las investigaciones periodísticas denominadas «Papeles de Panamá» y «BahamasLeaks».
«El Estado tiene jurisdicción sobre una persona física o jurídica domiciliada en un país, esté donde esté y haga lo que haga, así que puede actuar si se violan las leyes, incluso si esto ocurre en otro país, donde las normas son menos estrictas», dijo el autor del informe, Olivier de Schutter.
Proteger el secreto bancario y conceder beneficios fiscales a las empresas afecta la capacidad del Estado de invertir en otras propuestas que beneficiarían a su población, continuó el experto, quien dio el ejemplo del Reino Unido.
«Las leyes británicas del secreto bancario permiten que islas bajo la jurisdicción del Reino Unido funcionen como paraísos fiscales, algo que es inaceptable», opinó De Schutter.
«Para combatir las prácticas abusivas de las corporaciones transnacionales, los Estados deberían cooperar más entre ellos», señaló.
En caso de incumplimiento del pacto, el informe pide a los países que impongan sanciones penales o administrativas, que revoquen las licencias, los subsidios y cualquier apoyo destinado a la compañía malhechora, y que faciliten una reparación a las víctimas por los daños sufridos.
EFE