El Congreso de la República oficializó este miércoles en El Peruano, la norma que otorga facultades al Poder Ejecutivo con el fin de legislar en seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado, por 90 días calendario.
De acuerdo con la norma, el Ejecutivo podrá tomar medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, con énfasis en la lucha contra el sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, así como la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.
Podrá disponer, además, de la supervisión, gestión y control migratorio en diversos puntos del país; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.
.@congresoperu aprueba pedido de facultades legislativas del Ejecutivo https://t.co/mheo1DVIQh pic.twitter.com/T3SIcCsEM6
— Crónica Viva (@cronica_viva) June 19, 2015
Asimismo, tomar acciones con el fin de reforzar los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicación para la lucha contra la inseguridad ciudadana.
El Poder Ejecutivo quedará facultado también para potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
En el plazo fijado, el Gobierno podrá promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en el aspecto de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así como mejorar el marco regulatorio del tratamiento de reclusión juvenil.
Pleno aprueba en primera votación PL 4569 que delega en Ejecutivo facultades para legislar en #seguridadciudadana
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Asimismo, tendrá facultades a fin de optimizar el Sistema Nacional de Registros Públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.
Por último, el Poder Ejecutivo tendrá facultades orientadas a fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.
Foto: Andina