SANTIAGO DE CHILE.- Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) emplazaron hoy a la Corte Suprema por la excarcelación en los últimos días de siete condenados por homicidios, desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó en el Palacio de Tribunales una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifiestan su malestar por lo que consideran «grave y oprobiosa agresión a las víctimas y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado».
La nota reclama no sólo por las excarcelaciones dictadas la semana pasada por la Sala Penal del máximo tribunal chileno, sino también por las bajas penas que en general imponen los jueces a los agentes de Pinochet, «sancionándolos como si hubiesen cometido crímenes comunes».
Sobre la libertad condicional otorgada la semana pasada a siete reclusos, la AFEP señaló que transgrede «el derecho interno y el derecho internacional».
Lo ocurrido «es una situación extremadamente dolorosa y nos lleva a recordar los terribles 17 años de la dictadura, época en la que el Poder Judicial fue cómplice del plan criminal de una de las dictaduras más nefastas y tristes de nuestra historia», manifiesta la carta.
Las víctimas no entienden «cómo, sujetos que no tienen conciencia de sus crímenes causados, del daño causado y justifican hasta hoy la comisión de crímenes de lesa humanidad, se encuentren corregidos y rehabilitados para su incorporación a la vida en sociedad», plantea el texto.
Lo acontecido «no puede volver a ocurrir en un Estado como el nuestro, respecto del cual se predica ser democrático y constitucional de derecho», añade, y pide a los jueces que dictaron las resoluciones que reflexionen «desde el derecho y desde lo ético».
Reiteran además que esos fallos «desconocen acuerdos y tratados en materias de derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y normas consuetudinarias de derecho internacional».
El presidente de la Corte Suprema se reunió también con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes le presentaron similares planteamientos y llamaron al tribunal «a frenar esta ofensiva de impunidad que se ha materializado» con los fallos.
Mientras parlamentarios de oposición estudian la posibilidad de acusar constitucionalmente a los jueces autores de los fallos, «por notable abandono de sus deberes», la misma Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó las excarcelaciones negó hoy el beneficio solicitado por la defensa de un represor condenado.
Se trata del coronel del Ejército Luis Felipe Polanco Gallardo, piloto de helicóptero, condenado por su participación en la llamada «Caravana de la Muerte» (1973), en la que un centenar de presos políticos fueron asesinados por una comitiva militar que recorrió Chile.
La Corte de Apelaciones de Santiago le había otorgado la libertad condicional al acoger un recurso de amparo (hábeas corpus) presentado por su defensa, pero la Suprema anuló el dictamen sobre la base de que el oficial afronta aún procesos por violaciones a los derechos humanos que no han concluido.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
EFE