Un grupo de familias de la cuadra 9 de la Av. La Merced de Surco corre el riesgo de quedarse en la calle, víctimas de los traficantes de terrenos y malos elementos del Poder Judicial.
El terreno fue adquirido como indemnización a los trabajadores de la Hacienda Venegas desde la década de los 40 del siglo pasado. Sin embargo dicha propiedad fue inscrita irregularmente en la Municipalidad por el ya fallecido Segundo Rojas Cardoso, a pesar de las denuncias de que la firma del registrador era falsa.
Ahora una red de corrupción de la que formarían parte los hijos de Rojas Cardoso, María Rojas Vera y Carlos Octavio Rojas, pretende apoderarse del terreno de más de 1000 metros cuadrados que ha sido hogar de estas familias por más de 60 años.
Para tal efecto, la propiedad ha sido vendida irregularmente por un tal Juan Alain Arias Ponce Sparrow (quien según las familias afectadas tiene denuncias por falsedad genérica, vive al frente de la zona en conflicto y es un conocido estafador) y Víctor Manuel Ipenza Echevarría.
Llama la atención la poca seriedad que muestran las autoridades judiciales en este caso, puesto que a pesar de tantas irregularidades la jueza Zoila Puicán Villacrez del 5to Juzgado de Paz Letrado de Surco continúa el proceso, incluso el día que se pretendió ejecutar el lanzamiento, la especialista Carmen Rosa Manuela Ramírez Martienz, según refieren las familias afectadas, nunca quiso mostrar la resolución del desalojo.
Un equipo periodístico de un canal de televisión se acercó hasta el domicilio de Juan Alain Arias Ponce Sparrow, para preguntarle sobre el caso, pero no obtuvo respuesta, no quiso dar la cara ni explicar nada. Para colmo de males los afectados señalan que incluso el abogado que les llevaba el caso los ha traicionado, según dicen porque hay mucho dinero en juego.
Las familias afectadas aseguran pagar los impuestos de este lugar desde hace 20 años y las actas en Registros Públicos siguen en trámite. Afirman que no abandonarán la zona hasta que un documento así lo indique. Esperamos que las autoridades judiciales y municipales actúen con justicia y no se siga con el maltrato y abuso de los traficantes de terrenos en contra de estas familias.
