ROMA.- Las compras públicas de alimentos permiten desarrollar la agricultura familiar a través de distintos mecanismos legales que los gobiernos deberían tomar más en consideración, según una experta de la FAO.
Luana Swensson, de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó hoy en un seminario en la sede de la agencia en Roma que las autoridades tienen la posibilidad de «elegir los instrumentos más adecuados, generar reglas claras y definir a los potenciales beneficiarios» de sus pagos entre la población más vulnerable.
Puso de ejemplo los distintos modelos que rigen en países como Brasil, donde los agricultores familiares tienen «reservado» para ellos el 30 % del presupuesto federal dedicado a la alimentación escolar.
En Estados Unidos las entidades que reciben fondos para nutrición infantil pueden dar «preferencia» a la producción local, mientras que en Paraguay se permite a las administraciones públicas contratar empresas de cáterin con la «condición» de que estas compren a pequeños agricultores.
La experta también puso el ejemplo de Francia, donde «los contratos se dividen entre los productores de menor tamaño para facilitar su acceso al mercado», otra manera de «crear nuevas oportunidades de empleo y apoyar a los agricultores locales».
Esas alternativas están sirviendo a la FAO para asesorar a países en desarrollo como Etiopía y Senegal en el diseño de la regulación con vistas a mejorar la nutrición de los niños en las escuelas comprando alimentos producidos localmente.
A nivel global, las compras públicas de bienes, servicios y trabajos que realizan gobiernos y empresas públicas oscilan entre el 10 y el 15 % del producto bruto interno, siendo del 12 % de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del 15 % en África subsahariana.
El profesor de la Universidad sudafricana de Stellenbosch Geo Quinot explicó que estas adquisiciones están «altamente reguladas» para cumplir con las demandas de los ciudadanos y evitar las prácticas corruptas.
«La ley por sí sola no es una garantía de que las prácticas de compra pública sean sostenibles, pero sí puede servir de facilitador o acelerador», apuntó Quinot, que destacó su contribución al desarrollo sostenible y a la inclusión en el mercado de aquellos grupos menos favorecidos.
EFE/Foto: sudamericarural.org