MANAGUA.- Los reclamos por el derecho a la tierra en países de Latinoamérica son «criminalizados» y desacreditados por los Gobiernos a través de la Justicia, aseguró hoy la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
«Se ha estado utilizando el sistema judicial para atacar y criminalizar a las poblaciones que están ejerciendo su legítimo derecho a la defensa de la tierra y el territorio», afirmó el vicepresidente de la FIDH, el guatemalteco Juan Francisco Soto (foto), durante la presentación en Managua de un estudio sobre el proyecto de canal interoceánico en Nicaragua.
Este tipo de agresión se está viendo especialmente en grandes proyectos, como minerías, hidroeléctricas y el canal interoceánico en Nicaragua, según el representante de la FIDH.
«Es un fenómeno que se da muy fuertemente en el sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y en el Perú también se da», afirmó Soto.
La FIDH puso como ejemplo el caso del canal interoceánico, ya que se trata del último estudio realizado por la organización en relación con el tema.
«Estamos hablando de criminalización, campaña de desprestigio, represión, militarización, falta de consulta de transparencia», sostuvo.
Según Soto, esto se debe a que «en la región hay una política de los Estados de privilegiar los intereses económicos antes que los intereses de las personas, entonces deja excluidas a las comunidades y quedan criminalizadas».
La FIDH y sus 178 socios en el mundo documentan casos como estos para intentar incidir en organismos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos, señaló su representante.
El informe presentado en Managua bajo el título «Nicaragua: Derechos humanos atravesados por el canal» será presentado a entes estatales y organizaciones civiles de distintas partes del mundo, anunció la FIDH.
En Nicaragua, el informe fue elaborado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y entregado a la líder del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez, una protagonista de los abusos denunciados en el documento.
La FIDH es un organismo con sede en París, fundado en 1922, que aglomera a 178 organizaciones en 120 países, en Europa, América, Asia y África y que busca influir en la defensa de los derechos humanos, de su efectividad y de sus líderes.
La vicecoordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez Torres (i), saluda a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez durante el lanzamiento de un informe sobre la concesión del canal interoceánico de Nicaragua. EFE/Jorge Torres.
