La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió a las autoridades uruguayas que no otorguen asilo al expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En un comunicado que también firman las organizaciones peruanas de derechos humanos APRODEH, EQUIDAD y CEDAL, la FIDH consideró que es «inexistente» la pretensión de Alan García de huir de la justicia «invocando una persecución política inexistente».
«Tampoco existe alguna situación de tipo humanitario que amerite un amparo internacional. Todo lo contrario, Alan García está siendo investigado por tráfico de influencias en la adjudicación del Metro de Lima a Odebrecht, colusión agravada y lavado de activos», indicó el organismo, con sede en París.
Según Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH y director de CALDH-Guatemala, «la Justicia peruana está mostrando resultados en la lucha contra la corrupción, pero esta no puede ser aislada y requiere ser encarada de manera frontal y categórica».
Ministro de Justicia señala que no existen plazos para otorgar salvoconducto
Este episodio, agregó, «resulta asimismo una oportunidad para Uruguay de demostrar su apoyo en la colaboración con la Justicia peruana y para reafirmar los valores democráticos que caracterizan a este país».
«Un informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2017 estima que la corrupción le cuesta al Perú más de 3600 millones de dólares cada año. Esto equivale a que diariamente la corrupción le quita unos 10 millones de dólares al Perú», calculó el organismo.
De los diecinueve países donde Odebrecht ha intervenido, después de Brasil, Perú es el que más ha tenido avances, recordó la FIDH, que puso como ejemplo las persecuciones judiciales a los también expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynsky (2016-2018), quien se vio obligado a renunciar el pasado marzo.
EFE