En el marco de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se lleva a cabo en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre, la periodista y directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Sally Burch, fue retenida varias horas en el Aeropuerto de Ezeiza y posteriormente deportada cuando llegó al país a participar del evento.
Según los medios, su caso se encuentra entre otros tantos periodistas y comunicadores cuyas acreditaciones fueron denegadas por las autoridades argentinas para evitar riesgos en la seguridad de la Cumbre.
De acuerdo a lo comentado por la propia Burch en el medio local Radio 10, al llegar a la Dirección Nacional de Migraciones en el aeropuerto, su nombre apareció en una lista que le impedía el ingreso al país por lo que permaneció demorada en el aeropuerto y con la amenaza de ser deportada.
Entre las declaraciones que hizo al programa La vuelta de Zloto, la periodista agregó: “Sabíamos que el rechazo era para cubrir el evento de la OMC pero no para realizar actividades paralelas al evento. Llegué a migración y dije que iba a entrar como turista. Ahí me encontraron en una lista, comenzaron las preguntas, dije que también soy periodista y que iba a realizar actividades paralelas a la OMC en el país. Después de una hora y pico, dijeron que mi entrada iba a ser rechazada por ser falsa turista”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido de hábeas corpus, una rápida solución judicial ante la restricción de la libertad física de la periodista de forma ilegítima por una autoridad pública, en busca de explicaciones sobre la decisión del Gobierno. Sin embargo, el pedido no fue efectivo ya que, si bien una resolución judicial revocó el impedimento para que entrara al país, la periodista británica ya se encontraba deportada con destino a Ecuador, país en el que reside.
La expulsión de Burch se convierte en otro de los casos de censura contra comunicadores internacionales, tras la deportación del ambientalista noruego Petter Titland, que también llegó al país para cubrir el evento de Naciones Unidas y fue deportado.
Las autoridades nacionales alegaron su accionar ante la supuesta existencia de algunos inscriptos, registrados en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos.
Así, las autoridades rechazaron la acreditación al evento de más de 60 expertos, investigadores, y activistas sociales, entre ellos Sally Burch, para evitar riesgos en la seguridad del evento.
Ante este grave panorama, diferentes organismos internacionales hicieron pública su preocupación por los acontecimientos. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, expresó: “Sería grave impedirle a una persona cubrir la Cumbre OMC por su línea editorial o sus críticas a la OMC”.
Por otro lado, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, envió una carta al canciller argentino Jorge Faurie en la que expresa su preocupación: “No veo cómo los representantes de ONG con sede en Europa que han visto su acreditación rechazada plantearían cualquier amenaza de seguridad. Es muy lamentable que las autoridades argentinas no hayan proporcionado claridad en cuanto a los motivos de seguridad específicos detrás de estas decisiones”.
El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger, expresó: “Las decisiones tomadas por las autoridades de Argentina son realmente graves para la democracia. Este hecho de censura representa una gran vulneración del Derecho a la Libertad de Expresión y va en contra de los derechos de la sociedad civil de ser informada”.
La FIP insta a las instituciones correspondientes a esclarecer los criterios que impidieron de manera ilegítima y arbitraria el ingreso a la Argentina de la periodista Sally Burch y del activista social Peter Titland.