La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se une a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en su rechazo a la denuncia interpuesta por el Ministerio de Defensa contra tres comunicadores del programa Panorama, acusados de revelación de secretos nacionales por difundir un reportaje que implicaba a las autoridades gubernamentales en un presunto hecho de corrupción. Los periodistas podrían enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.
El 17 de abril, el programa televisivo Panorama, emitido por Panamericana Televisión, hizo pública una investigación en la que se denunciaban irregularidades en el manejo de fondos para gastos militares en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En las últimas 72 horas ha trascendido una denuncia presentada por el Ministerio de Defensa que condena a Rosana Cueva Mejía (Imagen) directora periodística del programa, así como a la reportera Karina Novoa Lescano y a Jorge Ipanaqué, un integrante del equipo que participó de la investigación.
El fundamento de esta presentación judicial, que tiene la apariencia de un disciplinamiento al periodismo, se sostiene en el delito de “revelación de secretos nacionales”, que puede alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha declarado: “La FIP se une a su afiliado peruano en la férrea defensa del derecho de los periodistas a investigar. Demandamos pleno respeto al derecho constitucional de reserva de fuentes informativas y llamamos a la sensatez al titular del Ministerio de Defensa. Una denuncia de este alcance no hace más que mancillar una gestión de gobierno que podría terminar llevando a periodistas a prisión por el simple hecho de hacer su trabajo”.
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La FIP se une así a la ANP, cuya secretaria general Zuliana Lainez ha expresado: “Este tipo de acusaciones nos retrotraen a la época más oscura del país, en la que se atacaba con saña al mensajero sin valorar el mensaje en su real dimensión. La ANP considera una aberración el querer camuflar como revelación de secretos de Estado la denuncia de actos de corrupción”.
Asimismo la FIP, organización que representa a 600,000 trabajadores de prensa en todo el mundo, se solidariza con los periodistas afectados y llama al gobierno peruano a reconsiderar su grave acusación, ya que está poniendo en estado de extrema fragilidad los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información en dicho país sudamericano.