El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es «el máximo y principal responsable» de las muertes y lesiones graves ocurridas a causa de las esterilizaciones forzadas que se practicaron a mujeres durante su mandato, según reafirmó este lunes en su acusación el fiscal a cargo del caso.
Durante una nueva sesión de la audiencia judicial para presentar la acusación contra los presuntos culpables del caso, el fiscal Pablo Espinoza indicó que Fujimori impulsó las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.
«En su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de antincepciones quirúrgicas», detalló Espinoza.
El fiscal enfatizó que las esterilizaciones fueron practicadas sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes que eran sometidas a la ligadura de trompas.
Eso «provocó lesiones graves a una gran cantidad de mujeres, siendo que muchas otras murieron como consecuencia de haberse sometido a estas operaciones»,
«Esto era conocido por Fujimori a través de informes que le presentaban mensualmente sus ministros de Salud, de denuncias de medios de comunicación e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, y pese a ello no detuvo su aplicación sino que se reformuló para eludir responsabilidades», agregó.
CONGRESISTA ELECTO INVOLUCRADO
Junto a Fujimori, que ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por los asesinatos de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), también fueron acusados como autores mediatos (con dominio del hecho) sus exministros de Salud.
Entre ellos están Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori involucrado recientemente en el escándalo de las vacunaciones VIP secretas de Perú y congresista electo por el partido fujimorista Fuerza Popular (derecha autoritaria) en las elecciones del pasado 10 de abril.
La acusación llega en el fragor de la segunda vuelta electoral, donde Keiko Fujimori, la hija y heredera política de Alberto, tienta por tercera vez consecutiva la Presidencia de Perú, donde esta vez tendrá como rival en la segunda vuelta al candidato de extrema izquierda Pedro Castillo.
«Keiko es parte del negacionismo fujimorista. No admite la responsabilidad de Alberto Fujimori y lleva nuevamente al Congreso a uno de los imputados», lamentó María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que defiende a varias víctimas de esterilizaciones.
«Nosotras esperamos que el juez califique el caso como crimen de lesa humanidad, no solo por las lesiones graves y las muertes, sino también por los delitos contra la libertad personal que violaron los derechos humanos reproductivos de miles de mujeres», agregó.
CASO DE GRAN COMPLEJIDAD
La presentación de la acusación que puede derivar en la apertura de un juicio contra Fujimori y sus exministros continuará en la siguiente jornada con la presentación de más de cuarenta evidencias de la presunta culpabilidad de los acusados con los crímenes.
Según los datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, se esterilizaron más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin el consentimiento informado.
Algo más de 8.000, entre mujeres y hombres, están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. EFE