El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, ha recomendado denunciar a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en el partido Perú Libre.
El magistrado remitió un documento de 200 páginas a su coordinador, Rafael Vela —también coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato—, y este lo derivó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, hace tres semanas.
El informe señala que la presunta organización criminal habría ejercido influencia en el Congreso y en el Ejecutivo para la promulgación de leyes que favorecieran sus intereses. Además, hace mención a hechos que “perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.
Desde hace tres años, la Primera Fiscalía de Lavado de Activos investiga a los hermanos Cerrón, a la extesorera del partido, Dina Boluarte, y otros ex altos dirigentes de la organización política. Este despacho fiscal considera que no existe un “divorcio real” entre la gobernante y el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La ley de Waldemar, por Karla Ramírez (@NinaSunqu)
Fiscalía de lavado de activos pide al Fiscal de la Nación denunciar constitucionalmente a la presidenta y al congresista Waldemar Cerrón por presunta organización criminalhttps://t.co/BDGrbAkHaz
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El magistrado cita incluso una entrevista de 2021, en la que Boluarte señalaba que “el Poder Judicial corrupto ha querido encarcelar a Vladimir”.
De acuerdo con el dominical, el documento pone foco en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y un mes después, promulgada por Boluarte sin que presentara ninguna observación previa.
Otra propuesta que también está en la mira de la Fiscalía es la que promueve el cambio de definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. El proyecto fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en segunda y definitiva votación el jueves pasado y está pendiente de ser promulgado u observado por el Ejecutivo.
Astocondor destaca que la presunta organización criminal “habría aprovechado que el investigado ostenta el cargo de congresista de la República, perteneciente al grupo parlamentario Perú Libre, para presentar proyectos de ley que buscan modificar la normativa penal, procesal y constitucional a favor de sus miembros”.
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Además, resalta que “existe la sospecha de la posible existencia de un agravio y perjuicio al presente caso por parte de los investigados, personas vinculadas a la presunta organización criminal denominada Perú Libre”.
La “posible conjugación de conductas desplegadas caen en los tipos penales de encubrimiento personal y obstrucción de la justicia” en favor del partido con el que Boluarte llegó al poder junto con su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022).
Consultado al respecto, el segundo vicepresidente del Parlamento dijo desconocer la acusación fiscal y pidió responder a una entrevista en vivo. “No sé de la acusación. […] Es deber del Ministerio Público investigar”, señaló de manera escueta.
En marzo de 2023, el Ministerio Público amplió la investigación contra Boluarte y Castillo por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal durante la campaña electoral de 2021.
La investigación también incluye al empresario Henry Shimabukuro, quien declaró haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte. Castillo encabezaba la candidatura presidencial en esa campaña, y Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia.
Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter El Búho
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