La Fiscalía de la Nación tiene que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para el magistrado José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, dijo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Hay que recordar, además, al Ministerio Público no solamente el deber que tiene para proteger a sus integrantes respecto de diversas cosas, respecto de agresiones físicas, respecto de amenazas, respecto de acosos, del famoso doxing, que es el bullying por las redes, y, sobre todo, de las indicaciones falsas y absurdas de haber promovido o impulsado a un investigado por corrupción al suicidio”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
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“Hay que recordar —y tiene que recordar la Fiscalía de la Nación— que el fiscal José Domingo Pérez está sujeto a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, dicho sea de paso —aunque con cuestionamientos— son las mismas que la Comisión en su momento señaló respecto de la propia fiscal de la Nación”, añadió.
La CIDH emitió la Resolución 55/2021, en el contexto de la Medida Cautelar N° 576-21 a favor de José Domingo Pérez Gómez y su núcleo familiar el 25 de julio del 2021, en el que dispone que el Estado “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias”; y “adopte las medidas necesarias para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas”.
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Una seria señal
Consideró, en ese sentido, que es una seria señal la falta de pronunciamientos, medidas y acciones frente a quienes están tratando de impulsar políticamente un proceso de supuesta responsabilidad del magistrado respecto del lamentable suicidio de Alan García, ocurrido el 17 de abril del 2019.
“Entonces, permitir que a un fiscal con medidas cautelares se le bulee, no se le permita expresarse, no se le dé la protección respecto del doxing, no hay una campaña antifakes respecto del fiscal, y que incluso se le ha procedido a abrir algunas investigaciones disciplinarias por todos estos ataques que felizmente han ido siendo archivadas es, por supuesto, una seria señal de ¿para qué está, entonces, la Fiscalía de la Nación?”, refirió.
“Más aún un momento en donde al fiscal se le está tratando de impulsar políticamente hacia un proceso de supuesta responsabilidad respecto del suicidio de Alan García, y, no obstante, sobre esto no decimos nada. Hay otros ejemplos en otros países de la región donde evidencian que esta falta de interés de la propia institución y de la máxima cabeza del Ministerio Público juega con los intereses de los investigados”, agregó.
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