El Ministerio Público presentó acusación fiscal y solicitó pena de cárcel para el suspendido abogado Rodolfo Orellana Rengifo y para el exmagistrado Edgar Cléver Máximo Briceño Cárdenas procesados por el presunto delito de cohecho activo específico continuado, en agravio del Estado peruano y solicitó se les imponga pena efectiva de cárcel, inhabilitación accesoria y el pago de la reparación civil respectiva.
La acusación fue formulada por el fiscal Elvis Suárez Ferrer, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), quien solicitó al Poder Judicial la pena de 10 años y ocho meses de prisión efectiva para Orellana Rengifo, con pena accesoria de inhabilitación por el mismo tiempo, como cabecilla de la organización criminal de la red Orellana.
📢 Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (5.° Despacho) solicitó la pena de 10 años y ocho meses de prisión efectiva para Rodolfo Orellana Rengifo por el presunto delito de cohecho activo, en agravio del Estado.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 19, 2024
Asimismo, solicitó para su cómplice primario Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas, un exmagistrado de la Corte Superior de Lima, un total de 9 años con 9 meses y 10 días de cárcel efectiva con igual tiempo de pena accesoria de inhabilitación.
La imputación, efectuada por el fiscal Suárez Ferrer contra los acusados, señala que el exmagistrado Briceño Cárdenas, en tal condición, ofreció dinero a los implicados jueces de Paz Letrado de Huaycán, Luis Chira Ascurra; de Magdalena del Mar, Laura Márquez Rivera; y de Ventanilla, Gustavo Zavala Olcese, por encargo de Orellana Rengifo para influir en sus decisiones y admitan que se declaren fundadas las demandas de desalojo en 12 inmuebles ubicados en diversas zonas de Lima.
Los presuntos delitos imputados a la red Orellana datan del 2012 cuando Briceño Cárdenas fue captado y se unió al pacto criminal del líder de los hermanos “Orellana”, para cumplir un rol determinado dentro de la organización, como ofrecer donativos -de miles de dólares- a los jueces de paz mencionados a fin de que las demandas de desalojo sean admitidas y ordenen la toma de posesión de inmuebles.
Foto Andina