BOGOTÁ.- La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) denunció este jueves catorce nuevos casos de espionaje del Ejército colombiano a periodistas, incluidos los venezolanos Ibéyise Pacheco y Alberto Ravell y el fotógrafo francés Damien Fellous, y pidió al Gobierno garantizar la vida e integridad de los reporteros.
Entre los afectados están el fotoperiodista Gerald Bermúdez, colaborador del medio digital Cuestión Pública; Javier Alexander Macías, del diario El Colombiano; Gustavo Rugeles, del portal El Expediente, y Julián Martínez, quien ha trabajado, entre otros, en Noticias Uno.
El listado lo completan periodistas de medios regionales como Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus, además de dos reporteros que, según la FLIP, «o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos».
Estos casos se conocen luego de que la revista Semana publicara el pasado 1 de mayo la investigación «Las carpetas secretas», según la cual integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos y hasta a funcionarios del alto Gobierno.
Entre las víctimas de seguimientos informáticos revelada por Semana están periodistas de medios estadounidenses como Nick Casey, de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, de la National Public Radio (NPR), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
Los detalles de la denuncia sobre espionaje han suscitado múltiples expresiones de rechazo y peticiones al Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables.
En ese sentido, el pasado 2 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció que abrió una indagación preliminar contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) como supuesto destinatario de la información recabada en el espionaje.
La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) también llamó a juicio disciplinario el pasado 20 de mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
En medio del escándalo, el Ministerio de Defensa ordenó el retiro del servicio de nueve oficiales del Ejército, aunque no reveló las razones de la decisión.
Además, la Fiscalía General anunció una citación a interrogatorio al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército colombiano entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje, y quien pasó a retiro alegando «motivos familiares» después de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos. EFE