PARÍS (Francia).- Líneas de Metro cerradas, supresión de trenes de cercanías, reducción del número de autobuses… París vivió hoy un «viernes negro» en los transportes urbanos por la huelga del personal contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron.
Hacía una década que en la capital francesa no se vivía una parecida parálisis en su sistema público de transportes, lo que augura un otoño difícil para un Ejecutivo que cuenta con aprobar su ambiciosa reforma del sistema de jubilación antes del próximo verano.
A primera hora de la mañana, los problemas en los transportes públicos tuvieron una consecuencia en las autopistas, con más de 300 kilómetros de atascos en torno a la capital francesa.
La situación se calmó a medida que avanzó la mañana, superada la hora punta, cuando la necesidad de los transportes públicos fue menos perentoria.
Diez de las 16 líneas de metro permanecieron totalmente paralizadas, cuatro funcionaron solo de forma parcial y el tráfico del suburbano solo fue normal en las dos líneas que están totalmente automatizadas.
En los trenes de cercanías, las dos principales líneas -RER A y RER B, esta última el principal acceso a los dos aeropuertos de la capital- tuvieron un servicio muy limitado. Solo un tercio de los autobuses y de los tranvías circularon durante el día.
Pese a que la parálisis fue importante, los parisienses se vieron menos afectados por la huelga que en las negras jornadas de hace una década.
La causa es que ahora existen nuevos medios de transporte urbano: la bicicleta se ha generalizado y a ella se han unido patinetes y motocicletas eléctricas, que junto con taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) permitieron a habitantes y turistas mitigar las consecuencias del paro.
“A esta hora, los metros se han acabado, así que he tenido que alquilar un patinete. De forma que además de pagar el bono de metro he tenido que pagar el patinete”, comantó a Efe Jules Boscherini, estudiante de las afueras de París.
La RATP, la entidad que gestiona los transportes públicos en la capital francesa, había firmado acuerdos de cooperación con algunas empresas dedicadas a esos nuevos medios de movilidad urbana para que sean gratuitos para sus usuarios en estas situaciones de crisis.
También ayudó a descongestionar la ciudad el hecho de que muchas empresas han introducido mecanismos de «teletrabajo» para sus empleados, lo que permitió que muchos no tuvieran que desplazarse a su oficina.
Pese a todo, muchos fueron los que tuvieron que madrugar más de lo habitual para llegar a sus puestos laborales.
“Me he levantado a las cinco de la mañana y he tardado cinco horas para llegar a mi trabajo. No es normal. En Francia, siempre igual”, se lamentó Dino Fierto.
Marie Vera se quejó de las largas esperas que tuvieron que sufrir personas como ella misma hasta que llegó el autobús.
«Es normal, defienden sus derechos, no estoy en contra, pero hacer la huelga al final de la semana no es fácil para los usuarios”, dijo.
“La circulación está alterada, la gente no puede ir al trabajo a la hora que le toca. Algunos duermen menos para llegar al trabajo. Pasan horas y horas en el transporte público. Cuando hacés huelga, no te olvides de que la economía se hunde brutalmente”, señaló Épiphanie Kakou.
Muchos franceses no comparten los motivos de la huelga, que se asientan en la intención del Ejecutivo de acabar con el régimen especial de jubilación que permite a los empleados de la RATP jubilarse entre los 51 y los 62 años.
El suyo es uno de los 40 regímenes de pensiones que quiere unificar el Gobierno, que prevé un sistema por puntos en el que la edad de jubilación dependa, sobre todo, de los años de cotización.
Los empleados de la RATP serán de los más perjudicados con el cambio, ya que en la actualidad se jubilan de media con menos de 58 años, pese a que su sistema es deficitario y en el 2017 precisó de una aportación pública de 681 millones de euros.
Solidaires, una de las centrales, explicó en un comunicado que defienden ese régimen especial porque lo consideran la «base de un contrato social construido para crear un cierto equilibrio frente a las obligaciones de sus misiones de servicio público».
Los trabajadores de los transportes públicos no son los únicos descontentos con la reforma que planea el Gobierno, al que le esperan otros frentes en los próximos días.
El próximo lunes están convocados paros de colectivos como médicos, enfermeras, fisioterapeutas, pilotos de línea o personal de cabina de los aviones.
El jueves será el turno de los trabajadores de la eléctrica estatal EDF, preludio de las jornadas de manifestación general convocadas, de forma separada, por varios sindicatos para los próximos días.
Protestas que ha tratado de desactivar con llamamientos a la concertación el primer ministro, Édouard Philippe, quien recordó que su reforma no entrará en vigor de forma plena hasta el 2040.
EFE/Luis Miguel Pascual
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