La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este jueves, con el voto de Fuerza Popular (8) y el APRA (1), el informe final de su denuncia contra magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Los representantes de Peruanos por el Kambio (2), Alianza para el Progreso (1) y el Frente Amplio (1) votaron en contra.
De esta forma, el grupo de trabajo recomienda al Pleno del Parlamento destituir e inhabilitar por 10 años al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña y suspender por 30 días a otros tres magistrados: Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos.
El fujimorismo y el Apra aprobaron inhabilitar por diez años al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, en el minforme de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El congresista fujimorista César Segura, quien elaboró el informe final, señaló que los magistrados vulneraron los artículos 38 y 139 de la Constitución Política del Perú al cambiar, supuestamente, el sentido del voto de un magistrado del TC mediante el cual se había resuelto que la matanza de El Frontón no fue un delito de lesa humanidad.
Para Velásquez Quesquén, los magistrados acusados actuaron en base a un “fundamento ideológico y no una razón constitucional”.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña
Marisa Glave (Nuevo Perú) también expresó su discrepancia con la diferencia en las sanciones contra los magistrados, pero en su opinión “si se dice que uno es inocente, todos son inocentes”.
“¿Por qué solo se quiere destituir a Eloy Espinosa-Saldaña? ¿Es porque está llevando la causa de Fujimori?”, cuestionó la legisladora, cuya bancada tiene voz pero no voto en la subcomisión.
Constitución protege a magistrados
El oficialista Gino Costa tomó distancia de este informe final, pues indicó que existe un procedimiento que no ha concluido en el mismo Tribunal Constitucional sobre el caso. “Mal haría el Congreso de pronunciarse sobre un asunto que está al voto en el propio TC”, manifestó.
También recordó que la Constitución protege a los magistrados -y congresistas- con la inviolabilidad de sus decisiones. “Y no se concluye que exista dolo en el accionar de los magistrados. No hay evidencia”, acotó.
El argumento fue apoyado por la representante de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza. “Hay que respetar el principio de inviolabilidad y respetar la imparcialidad”, dijo.
El legislador del Frente Amplio Marco Arana, señaló que es un “golpe a la institucionalidad” supuestamente impulsado por la bancada aprista.
“A Alan García no le bastó con la prescripción que ahora viene, apoyado de la mayoría, a buscar una segunda prescripción por delitos de lesa humanidad”, afirmó tras resaltar que el informe inicial planteaba diferentes sanciones y que el aprista Velásquez Quesquén propuso destituir a todos.
Tras la aprobación del informe, este será derivado a la Comisión Permanente.
La Junta de Portavoces deberá reunirse y decidir una fecha para que el caso sea revisado. En esta instancia, la acusación contra los magistrados podrá ser archivada o aprobada.
El Pleno del Congreso tomará la decisión final sobre la destitución y suspensión de los magistrados, quienes afrontan este proceso por corregir un error en el conteo de votos en el recurso de habeas corpus de un grupo de exmarinos acusados de asesinar a presos rendidos en el penal El Frontón.
El proceso sigue en marcha contra los magistrados, mientras está pendiente la votación en el TC del habeas corpus que busca la libertad de Alberto Fujimori.
Espinosa Saldaña rechaza informe
Tras conocerse la decisión de la comisión de la sub comisión de Acusaciones Constitucionales, el magistrado del TC, Eloy Espinosa-Saldaña manifestó al Canal N su «preocupación por lo que significa para la institucionalidad del país».
«El mensaje que se da es terrible… si un juez o fiscal dice algo que no le gusta a un sector puede ser acusado constitucionalmente y ser inhabilitado», remarcó.
No obstante manifestó su confianza en que la acusación será rechazada por la comisión permanente del Congreso y, de esa manera, no llegará al debate en el pleno.
«Aquí lo que se está planteando es un funesto precedente con respecto a los derechos de todos nosotros», enfatizó. (ECHA)
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