El exministro de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, comentó las implicancias en el caso del fiscal José Domingo Pérez, y dijo, que estos hechos tienen todo el color y contenido de ser unos pasos de censura, para sancionar al integrante del Equipo Especial Lava Jato.
Afirmó que lo que ha hecho José Domingo Pérez es perfectamente compatible con el ordenamiento internacional, y decir lo contrario es distorsionar los estándares que existen y que son de conocimiento público, subrayó.
“Esto lo puedo decir como ciudadano y como relator de las Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, y que precisamente acabo de presentar un informe en la Asamblea General, estableciendo el derecho de los jueces y fiscales en el mundo de ejercer su libertad de expresión”.
Fue en referencia a la decisión de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público de aplicar una multa equivalente al 10% de su remuneración, por considerar que sus declaraciones a un medio de comunicación fueron políticas.
Informe de la ONU
Detalló que el informe es conocido y respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas hace poco más de un mes, y citó textualmente el párrafo 102 del informe: “En algunas circunstancias los jueces y fiscales pueden expresar sus puntos de vista y opiniones sobre cuestiones políticamente controvertidas, como por ejemplo cuando participan en debates públicos sobre legislación y políticas que puedan afectar negativamente a la judicatura o al Ministerio Público”.
Y precisó que todo ello se puede hacer con moderación y sin revelar información sobre los casos que están conociendo, pero en una línea de afirmación de derechos.
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