BUENOS AIRES.- El exjuez español Baltasar Garzón manifestó este jueves que los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff; de Ecuador, Rafael Correa y de Argentina, Cristina Fernández, sufren «persecución política» en sus respectivos países.
«Respetando la independencia del Poder Judicial, creo que hay elementos más que suficientes para afirmar que hay una persecución política», afirmó a la radio FM La Patriada el antiguo juez de la Audiencia Nacional española.
Para Garzón, lo que ha ocurrido en los últimos años en estos tres países y en otros de América Latina es el uso del Derecho como «un instrumento más del combate político», una tendencia que, en su opinión, «se extiende» por todo el continente.
«Hemos visto (esta tendencia) en Ecuador con el presidente Correa, en Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y gran parte de su Gobierno (…) y con Dilma en Brasil, cuando se montó el ‘impeachment’ en su contra con una clara falta de base», señaló.
Preguntado por sus preferencias de cara a los comicios presidenciales del próximo 27 de octubre en Argentina, Garzón apoyó «claramente» la candidatura del Frente de Todos, formada por Alberto Fernández como candidato a la jefatura del Estado y por la expresidenta Fernández a la Vicepresidencia, por ser la «opción más clara».
«Lo que tiene que hacer el pueblo argentino es ser responsable y elegir a quien conduzca el país por una agenda económica fuerte, (defendiendo) los derechos y la propia fuerza de la sociedad civil», aseguró el exmagistrado.
Garzón, que visitó el jueves pasado en la cárcel al expresidente brasileño Lula da Silva, reiteró que existe una «guerra jurídica con fines políticos» en su contra, añadiendo que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, «es un peligro para Brasil y para el mundo entero».
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
El expresidente desistió la semana pasada de solicitar el paso al régimen semiabierto al que tenía derecho por la progresión de la pena y optó por pedir el restablecimiento pleno de su libertad.
Por su parte, Cristina Fernández y varios miembros de su Gobierno afrontan varias causas por corrupción en Argentina, unas acusaciones consideradas por sus partidarios como una «persecución política».
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