MÉXICO.- La palabra «generalizada» referida a la tortura existente en México ha levantado ampollas entre este país y el relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, no solo por duro su significado, sino porque también puede tener consecuencias en el ámbito del derecho internacional.
El artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), estipula que «un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil y con conocimiento» podría ser considerado «un crimen de lesa humanidad», explicó a Efe Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Por tanto, el caso podría ser atraído por la fiscalía de la CPI y abrir así una investigación contra el Estado mexicano, agregó la abogada de esta agrupación que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU).
«El tema ‘generalizado’ en violaciones a derechos humanos tan específicas como la tortura», por la forma en que lo describe el relator en su informe, «parece indicar o da elementos suficientes para poder caracterizar lo que él describe como crímenes de lesa humanidad», añadió.
Quizás por esto el Gobierno mexicano se ha encargado en las últimas semanas de negar la existencia de tortura «generalizada» en el país, hasta el punto de calificar al relator Méndez de poco riguroso y de haber faltado a su código de ética.
Todo comenzó el pasado 9 de marzo, cuando Méndez presentó las conclusiones de la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del 2014, en las que afirmaba que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.
El Gobierno mexicano, con el canciller José Antonio Meade a la cabeza, calificó de incongruentes algunas de sus afirmaciones. Con el paso de los días, los ataques contra el relator subieron de tono, hasta el punto de que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, llegó a decir que Méndez no fue «profesional y ético».
Ante estas críticas, el relator se defendió con una carta enviada a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en la que calificó estas palabras como un «ataque personal» que no esperaba por parte de un país como México. (EFE)