A partir de septiembre se aplicaría en la práctica la ley de geolocalización, que permitirá detectar la ubicación de teléfonos móviles desde los cuales se realizan llamadas para perpetrar delitos como extorsiones o secuestros, estimó el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés.
Si bien la norma fue promulgada el pasado 27 de julio por el Poder Ejecutivo, Alfonso Garcés señaló que en unos 30 días deben de estar listos los protocolos y el respectivo reglamento para establecer los procedimientos que deben seguirse para efectuar estas acciones de control del delito.
“La norma, en efecto, ya entró en vigencia a partir de su publicación, pero recién se va a implementar con estos protocolos y el reglamento para asegurar y conocer con claridad cómo se va a aplicar (…) debería estar para setiembre”, detalló el funcionario.
El viceministro Alfonso Garcés aprovechó la ocasión para defender la legalidad de la medida, al asegurar que esta no afectará, en lo absoluto, la privacidad de las comunicaciones telefónicas, pues recordó que incuso el propio Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció, en ese sentido.
Según precisó, con la geolocalización no contempla interceptaciones telefónicas ni acceso al contenido de las llamadas o los mensajes de texto, sino que simplemente se detectará la ubicación geográfica del dispositivo móvil para contribuir con la captura de delincuentes.
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“Acá no vamos a ver el contenido de la comunicación ni la plataforma. De plano descarto cualquier insinuación, sospecha o sombra relacionada con ello”, expresó Alfonso Garcés, al opinar que la geolocalización apunta a la captura rápida de aquellos delincuentes que se escudan detrás del teléfono.
De igual forma, refirió que esta herramienta contra la delincuencia solo será empleada en casos de flagrancia, dentro de un plazo de 24 horas de haber cometido el delito y siempre que este suponga una pena mayor a los cuatro años de pena privativa dela libertad.
Bajo estos tres escenarios, añadió, se recurrirá a las empresas de telefonía para dar con la ubicación de los dispositivos móviles, con la respectiva participación de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP), y la convalidación del Poder Judicial.
Alfonso Garcés apuntó, además, que la institución policial contará con una unidad especializada que tendrá a su cargo este procedimiento, de modo tal que la geolocalización estará en manos de efectivos rigurosamente seleccionados y sometidos a pruebas psicológicas, toxicológicas y del polígrafo.
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