Luego de una sesión del denominado “cuarto de guerra”, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseguró que su sector “impulsa acciones concretas” con el objetivo de “redistribuir” a la población de las cárceles en el país.
Esto debido a una sentencia del Tribunal Constitucional que data de mayo del 2020, que advirtió “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.
Y dispuso que, si en cinco años no se tomaban las medidas destinadas a superar ese estado, las prisiones se debían cerrar empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera. Es decir, no recibirán a más reos.
Arana dijo que por más de diez años “se dejó de lado la necesidad de una política penitenciaria efectiva” y el gobierno de Dina Boluarte “rompió esa inercia”.
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“Hemos rediseñado la política penitenciaria nacional asignando presupuestos para ampliar la cobertura los establecimientos penitenciaron, para combatir el hacinamiento, el control deficiente y la falta de condiciones mínimas para la rehabilitación. Estamos trabajando para redistribuir a la población penitenciaria atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional”, precisó en un pronunciamiento.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos no detallo, sin embargo, cuánto presupuesto se ha fijado para ampliar los penales o construir nuevas cárceles ni cuándo se iniciaría la redistribución de reos.
Arana indicó que el pasado viernes se desarrolló un operativo en el penal Ancón I en 10 pabellones de forma paralela con participación del INPE, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, así como del Ministerio Público.
Foto Andina