BARCELONA.- La consejera presidencial, Neas Munté, reiteró que el gobierno catalán continúa con el desafío soberanista, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que advierte con consecuencias penales si se mantiene el plan de desconexión.
En ese sentido señaló que el Govern rechaza que el TC que pueda actuar como un «tribunal ejecutor», capaz de tumbar «opiniones o debates que tienen un carácter político» y que el Ejecutivo solo debe obediencia al mandato democrático del 27-S.
Al término de la reunión semanal del Govern, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) entregaron personalmente a los miembros del ejecutivo catalán la resolución del TC por la que suspende las conclusiones del proceso constituyente aprobadas el 27 de julio por la cámara catalana y que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
La portavoz del Govern, Neus Munté; el consejero de Economía, Oriol Junqueras; y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (Foto: Agencia EFE)
Justamente en la reunión de este martes, la última antes del paréntesis veraniego hasta el 30 de agosto, el gobierno que preside Carles Puigdemont ha analizado las consecuencias del último paso dado por el Constitucional.
Después de días de especulaciones sobre las acciones que podría emprender el TC contra la presidenta del Parlamento
Consideró que es «absolutamente legítimo» que el TC actúe como «árbitro» para dictaminar si las leyes se ajustan o no a la Constitución, pero no puede «entrar a dirimir» sobre la constitucionalidad de «debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento»,.
“Ni el TC es un órgano ejecutor ni la Constitución debe ser concebida como un código penal” , agregó tras recordar que la Carta Magna «ampara la libertad de expresión y de opinión».
Para Munté, las conclusiones aprobadas por el pleno del Parlament la semana pasada entran dentro de la categoría de «declaraciones políticas respetables, amparadas en el derecho a la libertad de expresión y opinión» recogido en la Constitución. (ECHA-Agencias)