MADRID.- El gobierno español cambiará la ley para que sea la banca, no el cliente como hasta ahora, quien pague el impuesto de las escrituras notariales de las hipotecas, después de una decisión polémica de ayer del Tribunal Supremo (TS) en sentido contrario.
En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, argumentó que se trata de que «nunca más los españoles paguen este impuesto».
El gobierno aprobará mañana un decreto ley en este sentido, que después tendrá que convalidar el Congreso de los Diputados.
El TS rectificó el martes una sentencia propia de hace tres semanas y decidió que sean los clientes y no la banca los que abonen el impuesto sobre las hipotecas.
Esto ha causado una fuerte contestación entre políticos y consumidores españoles, que califican la resolución de «bochornosa» e «indignante».
Por el contrario, los bancos españoles subieron hoy con fuerza en la apertura de la bolsa de Madrid, aunque perdían parte de esas ganancias a media jornada.
La primera sentencia del TS decía que la banca debía pagar el impuesto, pero sin precisar si a partir de ese momento o, por el contrario, también debía asumirlo retroactivamente por las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años, plazo de prescripción fiscal en España.
En cualquier caso, 1,5 millones de hipotecados no podrán recuperar el impuesto abonado en esos años.
Si se hubiera tenido que devolver el impuesto pagado, las haciendas públicas regionales habrían tenido que desembolsar unos 5.000 millones de euros (5.750 millones de dólares), según cálculos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Respecto a una posible supresión del impuesto, Sánchez reiteró la voluntad del gobierno de atribuir los actos jurídicos documentados, en este caso la escritura notarial, al sector bancario, no su eliminación.
Quien lo quiera eliminar deberá primero hablarlo con los gobiernos regionales, planteó, al tratarse de un tributo que ingresan las comunidades autónomas españolas, no la administración central.
«La voluntad del gobierno es garantizar la seguridad jurídica«, aseguró Sánchez, quien se comprometió a «garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados».
Sánchez también apeló a la responsabilidad de la banca para que no aplique al cliente el coste que tendrá que asumir por ese impuesto al formalizarse las hipotecas tras la reforma legislativa anunciada.
Dijo que el gobierno «respeta la labor y la independencia» de la magistratura, aunque lamentó la situación generada por la rectificación judicial al no ser positiva, opinó, ni para la banca ni para los jueces ni para los ciudadanos, y pidió «autocrítica» al TS.
Antes, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, había instado a cambiar la ley hipotecaria por «falta de claridad» y pedido que el gobierno clarifique quién es el sujeto pasivo de un contrato hipotecario.
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