ESPAÑA.- El Gobierno inició el proceso hacia una reforma de la Constitución para suprimir la figura del aforamiento, que impide a los tribunales ordinarios juzgar a diversos funcionarios públicos.
La finalidad de esta modificación de la carta magna, vigente desde 1978, es ‘reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público’, informó este viernes en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Eso significa que los cambios en la ley de leyes supondrán que el aforamiento solo se aplicará a diputados, senadores y miembros del Gobierno durante el ‘estricto ejercicio’ de sus funciones.
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Celaá señaló que se trata de que ese régimen jurídico deje de ser un privilegio y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros de la administración central.
El aforamiento es una figura que permite a determinados cargos ser juzgados por un tribunal superior (en este caso el Supremo) al que correspondería a un ciudadano corriente, en caso de ser imputados por un delito.
Beneficia, entre otros, a los integrantes del Gobierno, senadores, diputados nacionales y regionales, jueces y fiscales y a la familia real.
En España hay unos 250 mil aforados, de los que algo más de 232 mil son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las policías de las comunidades autónomas (regiones), según datos del Tribunal Supremo.
Una eventual reforma de la carta magna, vigente desde 1978, requiere de tres quintas partes de cada una de las cámaras del legislativo español, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado.
Con apenas 84 diputados de un total de 350, el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, necesitará del apoyo del conservador Partido Popular, principal fuerza en la Cámara baja y con mayoría absoluta en el Senado.
Diversas fuerzas políticas plantearon la supresión de los aforamientos luego de los múltiples escándalos de corrupción que sacudieron a este país europeo en los últimos años.
Uno de ellos es la agrupación de izquierda Podemos, que pidió a Sánchez ir más lejos en esa reforma y acabar con los privilegios de la Casa Real española, en particular con la inviolabilidad del rey como jefe del Estado.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió la víspera al oficialista Partido Socialista Obrero Español que su agrupación no apoyará ninguna medida que ‘deje fuera del control democrático a la Monarquía’. (ECHA- Agencias)