El gobierno peruano publicó hoy un decreto que promueve la inclusión de las personas con discapacidad «con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a través de distintas medidas específicas», informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
La norma establece que los centros de trabajo deberán hacer los ajustes necesarios en sus procesos de selección para que las personas con discapacidad puedan postular, en igualdad de condiciones, a una plaza laboral.
Además, garantiza la gratuidad de la certificación de la discapacidad en todas sus etapas, para lo cual el Ministerio de Salud deberá emitir las directivas que permitan dar mayor celeridad al proceso de entrega de ese documento.
Promueve, también, los beneficios de la Ley General de la Persona con Discapacidad, entre los que figuran la bonificación en el acceso a programas públicos de vivienda, reserva del 5% de vacantes en los procesos de admisión en las universidades, institutos y escuelas superiores, y bonificación de 15% en concursos públicos de méritos.
Indica que las personas con familiares en situación de discapacidad podrán disponer de una licencia laboral con goce de haber de hasta 56 horas anuales, consecutivas o alternas, para que puedan acompañar a los servicios médicos y terapias de rehabilitación que requiera la persona a su cargo.
«Este es un cambio trascendental, porque anteriormente el empleado que tenía un familiar dependiente con discapacidad a su cargo, debía usar sus vacaciones para llevarlo a sus terapias de rehabilitación o asistencia médica», remarcó el MIMP.
El decreto también determina que ya no se tendrá que recurrir a un proceso judicial en los caso de adultos mayores que no puedan manifestar su voluntad, y sus cónyuges, descendientes o hermanos, podrán pedir que se les designe como personas de «apoyo» para recibir el pago de pensiones y la devolución de aportes económicos.
«El gobierno reafirma su compromiso con las personas con discapacidad, y seguirá trabajando para garantizar el reconocimiento pleno de sus derechos», concluyó el MIMP.
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