El Gobierno de Perú recuperó hoy los terrenos donde está previsto que se construya el nuevo aeropuerto de Cusco, principal puerta de entrada para visitar las ruinas de Machu Picchu, proyecto que volverá a licitar después de haber roto unilateralmente el contrato con el consorcio Kuntur Wasi.
Los terrenos volvieron a manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante un acta firmada por sus funcionarios y representantes de Kuntur Wasi, consorcio formado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.
En la ceremonia estuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y el subdirector regional interino de la Oficina Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el costarricense Óscar Quesada, cuya institución asesorará al Gobierno peruano en la nueva licitación.
«Tras la recuperación de las tierras ya nada podrá detener la construcción del aeropuerto. Es un compromiso del Gobierno», afirmó Giuffra.
El ministro indicó que la nueva licitación comenzará «lo más pronto posible», de acuerdo con la legislación peruana, porque reconoció que el aeropuerto es un proyecto que ya tiene más de cuatro décadas y no puede esperar «ni un día más».
El proyecto contempla construir el aeropuerto en el municipio de Chinchero, a 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Cusco y a una altitud de 3.728 metros sobre el nivel del mar, 400 por encima de la ubicación de la antigua capital del imperio incaico.
El proyecto fue adjudicado inicialmente por el Gobierno del expresidente Ollanta Humala en 2014 a Kuntur Wasi, pero este pidió que el Ejecutivo aumentara su aporte financiero ante su incapacidad para encontrar la financiación para iniciar las obras.
Con Pedro Pablo Kuczynski recién llegado a la Presidencia, el Gobierno peruano firmó en 2016 una adenda para que el coste de la instalación fuera de 520 millones de dólares, de los que 410 serían cubiertos por el Ejecutivo y 109 por el concesionario, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.
Las obras comenzaron el 3 de febrero de 2017, pero pocos días después fueron paralizadas ante la decisión del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, de suspender la aplicación de la adenda hasta que fuera revisada por la Contraloría, que encontró un posible perjuicio para el Estado de 40,6 millones de dólares. EFE