Los dos viceministros del Ministerio del Interior de Perú presentaron su renuncia irrevocable a sus respectivos cargos por considerar que se están tomando decisiones que podrían poner en riesgo la confianza y la labor de la Policía Nacional (PNP).
El viceministro de Orden Interno, Carlos Enrique León, y el viceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, remitieron el último viernes sus cartas de renuncia al nuevo ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, quien asumió hace apenas una semana su cargo como titular de la cartera en el flamante Gobierno de Pedro Castillo.
En sus misivas, divulgadas este sábado por Zevallos a través de su cuenta oficial de Twitter, los viceministros expresaron su rechazo a los recientes cambios dentro de la Policía Nacional, que «afectan la institucionalizad del sector».
«Hemos tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional del Perú, así como la generación de confianza de la ciudadanía en el sector Interior», sostiene el texto de Zevallos.
Por su parte, León critica específicamente el intento de designar a la cabeza de la Dirección General del Gobierno del Interior a Grover Mamani, quien «no cumplía con el perfil requerido para el cargo» al carecer de un título profesional.
De acuerdo con el viceministro de Orden Interno, el nombramiento de Mamani sería «ilegal» e iría contra sus «principios, con el riesgo de una denuncia penal».
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS
En su discurso de investidura, del pasado 28 de julio, el presidente Castillo declaró que «la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población» peruana y que «no es suficiente» la labor de la Policía Nacional en la lucha contra «este mal» que azota al país, donde «siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros».
Ante este escenario, el profesor rural prometió «expandir» y «fortalecer» las rondas campesinas e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana.
Castillo integró las rondas campesinas en su humilde región natal de Cajamarca, cuna de esta suerte de milicia andina autogestionada que desde fines de la década de 1970 combate a la delincuencia rural.
El jefe de Estado detalló que su gobierno fortalecerá la ley de rondas, «respetando su autonomía», les asignará un presupuesto para dotarlas «de la logística necesaria» y promoverá «su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades».
Sin embargo, el ministro Carrasco descartó «rotundamente» la participación de las rondas en Lima como estrategia contra la inseguridad ciudadana.
«Definitivamente, rotundamente, lo niego y lo descarto (…). La policía cumple un rol fundamental y constitucionalmente autorizado. No existe ninguna disposición de parte de mi despacho para implementar rondas en la ciudad de Lima», sostuvo el titular del Interior la víspera, en declaraciones a los medios de comunicación.
EFE