LA HABANA.- El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron hoy un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño (Antioquia), donde comenzaron hace un año los trabajos de limpieza y desminado de tierras; un proyecto que esperan ampliar al resto del territorio nacional.
Los negociadores de paz del Gobierno y la guerrilla precisaron en un comunicado desde La Habana, sede permanente de los diálogos de paz, que el proyecto se aplicará a partir del 10 de julio próximo en las veredas de Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal.
Ambas partes subrayaron que esta será otra medida más de «desescalamiento (reducción del conflicto) y construcción de confianza», que, según fuentes cercanas al proceso, abarcará unas 400 hectáreas de terreno y beneficiará a unas 450 familias.
Para acompañar esta iniciativa se creará un grupo de supervisores conformado por el Gobierno, las FARC y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), que incluirá también la «participación activa de voceros de la comunidad», indica la nota.
El plan de sustitución de cultivos ilícitos se inscribirá en los trabajos de limpieza y desminado del territorio y «contará además con el apoyo y acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organizacion de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)».
Como parte del programa, se pondrá en marcha un proyecto de «atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos» para asesorar a las comunidades implicadas, las cuales tomarán parte importante en la ejecución y verificación del plan de sustitución.
«Los campesinos solo necesitan -y lo han pedido y luchado durante décadas- planes alternativos de desarrollo económico y social que les permitan dejar atrás la ilegalidad a la que se vieron abocados por la pobreza y el abandono», afirmó en una declaración a la prensa el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «Iván Márquez», alias de Luciano Marín.
El número dos de la guerrilla señaló que «nunca fue justo que se persiguiera al eslabón más débil de la cadena, el campesino emprobrecido», y que hasta hoy «ningún Gobierno había intentado una solución política concertada de esta problemática con las comunidades».
«Los anteriores creían erróneamente que el problema de los narcocultivos solo se solucionaba con represión, con cárcel o con la criminal aspersión aérea de glifosato que impactó sin remedio al medioambiente, envenenó fuentes de agua, destruyó cultivos y afectó la salud de la población», subrayó Márquez.
Por parte del Gobierno, el director de la Lucha contra las Drogas, Eduardo Díaz, destacó que este acuerdo es «una oportunidad inmensa para transformar los territorios afectados por narcocultivos», que en toda Colombia sirven de medio de vida a unas 60,000 familias.
El experto también señaló que en el 68 % de los territorios del país afectados por los cultivos ilícitos no se ha intentado nunca un programa de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos.
Para el plan piloto de Briceño, zona de terrenos escarpados, se está estudiando la posibilidad de sustituir los cultivos de coca por plantaciones de café en las zonas más bajas; y de maracuyá en las regiones más altas.
El director de la Lucha contra las Drogas del Gobierno de Colombia, Eduardo Díaz, responde a preguntas de periodistas hoy, viernes 10 de junio del 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
En mayo del 2014, las delegaciones de paz llegaron a un acuerdo sobre drogas ilícitas y narcotráfico, que abarca la sustitución de cultivos y el problema de la producción y comercialización de narcóticos, entre otros asuntos; un convenio que las FARC vienen reclamando desde hace un año que se aplique cuando antes.
En la fase final del proceso, las partes han anunciado en las últimas semanas planes para blindar jurídicamente el acuerdo final y que garantizan la salida de los menores de 15 años de la guerrilla; aunque quedan pendientes asuntos sensibles como el alto al fuego bilateral y definitivo, así como la implementación y refrendación del acuerdo final.