Una facción del disuelto Congreso pidió al Tribunal Constitucional (TC) que acepte al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo miembro de esa corte, a pesar de que la designación llevó el lunes al presidente Martín Vizcarra a cerrar el Legislativo.
Este miércoles se difundió un oficio que el presidente del disuelto parlamento, Pedro Olaechea, quien es, además, primo de Ortiz de Zevallos, envió al Constitucional para pedir que el jurista fuera aceptado como uno de sus miembros.
Olaechea encabeza a una facción del Congreso, integrado en su mayoría por fujimoristas, que afirma que Vizcarra ha violado la Constitución y rechaza su decisión de cerrar el Parlamento.
Vizcarra anunció el lunes la disolución de la cámara tras considerar negado el pedido de confianza que hizo el entonces primer ministro, Salvador del Solar, para que precisamente se modificaran los términos de la elección de los nuevos magistrados del Constitucional.
A pesar de esa solicitud, Olaechea postergó la discusión del pedido de confianza y sometió a votación la candidatura de su primo, quien finalmente fue elegido con el mínimo de 87 votos requeridos por ley, aunque luego la legisladora de izquierda María Elena Foronda denunció que su voto había sido fraguado.
En su oficio, Olaechea informó al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que la resolución con el nombramiento de su familiar, al que él personalmente no propuso y tampoco votó, fue enviada al diario oficial El Peruano, pero aún no es publicada.
Sostuvo que su solicitud se basa en el reglamento del Tribunal Constitucional, que indica que los magistrados de ese organismo «asumen sus cargos dentro de los diez días siguientes a la publicación» en el diario oficial.
A pesar de que es estrictamente la corte Constitucional la que debe decidir a cuál de sus miembros debe reemplazar Ortíz de Zevallos, en caso de aceptar su designación, una carta adjunta remitida por Olaechea indica que debe ser al magistrado «con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad», en este caso Eloy Espinosa-Saldaña.
Tanto el fujimorismo como otros opositores al régimen de Vizcarra acostumbran calificar a Espinosa-Saldaña como un magistrado «caviar», tal como denominan los conservadores a los personajes con posiciones de izquierda progresista.
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Tras conocer esta información, Espinosa-Saldaña declaró que no tiene la intención se mantenerse en el cargo, pero enfatizó que «hay que respetar la constitucionalidad y las competencias de las instituciones».
«Un Congreso disuelto no puede sacar una resolución sobre un asunto que no está terminado de discutir, y menos condicionando una competencia histórica del Tribunal Constitucional. Me preocupa mucho esto», remarcó.
Cuestionó, en ese sentido, que Olaechea haya enviado el oficio a pesar de que el nombramiento de Ortiz de Zevallos «todavía no está firme», ya que se encuentra pendiente una reconsideración sobre este procedimiento por la denuncia de la congresista Foronda.
«Aquí se viene con una resolución de un tema que no está terminado, que no ha levantado cuestionamientos, por un Congreso disuelto, invadiendo competencias del Tribunal y diciendo que tiene que salir el magistrado de menor colegiatura», se quejó.
EFE/Video TV Perú/Foto Twitter