QUITO.- Organizaciones feministas de Argentina y Perú expresaron este martes su solidaridad con la prefecta (gobernadora) de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, tras su detención y posterior ingreso en prisión preventiva por presuntos delitos durante las protestas de la semana pasada contra el gobierno.
Desde la plataforma Paridad Perú, compuesta por las organizaciones Calandria, Flora Tristán y Manuela Ramos, se solicitó garantías para la integridad de Pabón, cercana al expresidente Rafael Correa, y su pronta liberación, exigencia a la que también se unió la excongresista peruana Marisa Glave, del bloque de izquierdas Nuevo Perú.
También se pronunció en el mismo sentido el argentino Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros, quien acusó al gobierno del presidente Lenín Moreno de «utilizar a jueces y fiscales para encarcelar a opositores a su gobierno».
La organización argentina también culpó al Ejecutivo ecuatoriano de «impedir cualquier tipo de organización de la protesta social, generada por la aplicación de políticas de ajuste y recesión que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
El ingreso en prisión preventiva de Pabón fue dictado este martes por un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras haber sido detenida el lunes en un allanamiento a su domicilio practicado pocas horas después del fin de las protestas.
La Fiscalía General del Estado informó de que el juez formuló cargos contra ella y otros dos procesados por el presunto delito de rebelión durante las protestas, y que la instrucción fiscal se prolongará noventa días.
Entre los indicios presentados está su posible participación «en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero» y el «uso del edificio de la Prefectura para estos fines».
En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana al exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
El Gobierno ha señalado directamente al «correísmo» de instigar las violentas protestas que paralizaron Ecuador la semana pasada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas de austeridad económica adoptadas para recibir un crédito de más de 10.000 millones de dólares, 4.200 de ellos del FMI.
Las protestas, que terminaron el domingo con la derogación del polémico decreto, dejaron 8 muertos según la Fiscalía, aunque el Gobierno dice que son 6, además de más de 1.500 heridos, entre ellos 435 policías y 1.192 detenidos. También quedó dañado buena parte del mobiliario urbano de Quito, 108 patrulleros y 42 ambulancias.
EFE/Foto: vistazo.com