La Fiscalía Especial Contra la Impunidad acusó al expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, de saquear al Estado con los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ambos son imputados de supuestamente dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado entre el 2012 y 2015 de acuerdo a la acusación fiscal formulada durante la primera audiencia contra más de medio centenar de miembros de una red denominada «Cooptación del Estado «.
El representante de la Feci describió ante el magistrado Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, la forma en la que los integrantes de la estructura recolectaron comisiones por contratos públicos otorgados a empresarios.
Aseguró que Pérez Molina, quien está en prisión preventiva por otro caso de corrupción, recibió regalos por 33 millones de quetzales (4.31 millones de dólares) reunidos por ministros de su Gobierno, entre ellos el de Gobernación, Mauricio López Bonilla y los de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López, arrestados el pasado fin de semana.
También colaboraron los de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y de Energía, Erick Archila, prófugos de la justicia, agregó.
Los 4.31 millones de dólares se fueron en regalos de casas, coches, lanchas y un helicóptero, afirmó el representante de la Feci durante la audiencia de imputación que terminó este jueves.
Pérez Molina fue acusado de haber administrado 290 millones de quetzales (37.9 millones de dólares) producto de las comisiones que cobró la estructura a contratistas del Estado mientras que Roxana Baldetti es sindicada de liderar una red de corrupción.
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«En su calidad de presidente aceptó y recibió de manera habitual y reiterada por lo menos 290 millones de quetzales en concepto de comisiones ilícitas, los cuales sirvieron para usted, (la ex vicepresidenta) Baldetti y otros funcionarios», precisó el fiscal.
Según las investigaciones apoyadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el dinero provino de al menos 70 contratos negociados, entre otros, por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, también imputada por los mismos delitos que Pérez Molina.
Monzón es el «colaborador eficaz» del MP en este caso y es quien en declaración de «anticipo de prueba», relató a los fiscales la forma cómo la red se hizo con cantidades millonarias en «coimas».
La estructura estaba conformada por más de medio centenar de personas, entre ex funcionarios, banqueros, financistas, contratistas y abogados, a los que la Feci acusó entre el martes y miércoles último.
«Primero, recibieron dinero ilícito para la campaña política y uso personal que provenía de contratistas del Estado y una vez que ganaron la elección, la organización respondió a los compromisos de la campaña y pagaron los contratos que debía el Estado», sostuvo.
De acuerdo con la imputación, al llegar al poder Pérez Molina y Baldetti el 14 de enero del 2012, la organización tomó el control «absoluto» de varias dependencias públicas y designaron a Monzón para negociar contratos y pago de comisiones que luego blanqueaban a través de empresas de fachada.
Según la Feci, la red operó hasta abril del 2015 cuando fue desarticulada la trama de defraudación aduanera conocida como «La Línea», que llevó a salir del poder al ex binomio presidencial y por la que ya fueron acusados ambos, entre otros implicados.
El juez Gálvez continuará con la audiencia el próximo lunes a las 9:00 hora local (15:00 GMT)