La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció las amenazas e intimidaciones del alcalde Álvaro Arzú, en contra de la prensa, expresadas recientemente en una actividad del “VII Foro Regional Esquipulas”.
Aunque la comisión señala que no es la primera vez que el alcalde Arzú arremete contra la prensa, al señalar que “a la prensa se le paga o se le pega”, en esta ocasión dijo que él ha optado por la segunda, otras veces ha preferido ambas; se puede presumir que él conoce periodistas a quienes les ha pagado “algunos favores”.
La comisión manifiesta su preocupación al respecto, porque entonces a lo que se refiere el señor Arzú es simple y llanamente corrupción, “la que nos interesa erradicar, identificando los dos lados de la misma: corruptos y corruptores.
En este sentido, la entidad de prensa solicita al señor Arzú que proporcione los nombres de los periodistas que a él le consta se han dejado corromper, para que los delitos sean perseguidos por los órganos competentes y además, que de acuerdo con las normas disciplinarias que rigen tanto en la APG como en otras entidades de prensa, se pueda sancionar a quienes resulten corruptos y corruptores.
Por otro lado, la opción que el señor Arzú reconoció que prefiere, es decir pegar a los periodistas, es una clara amenaza en contra de los trabajadores de la información, la que la comisión rechaza, repudia y condena.
La muerte violenta de 25 periodistas en el país desde el año 2000, de los cuales entre el año pasado y este año ocurrieron 8, son hechos que tienen a Guatemala situada entre los países riesgosos para ejercer la profesión; cerca de 50 denuncias contra la prensa tenemos registradas este año, en uno de los 10 países más violentos del mundo, por lo que es sumamente peligroso que una autoridad como el Alcalde de la ciudad más grande de Centroamérica haga semejante intimidación e incitación a la violencia.
Así mismo, llama a la sociedad a tomar en cuenta el papel que los periodistas desempeñan en el país, con el cual contribuyen a hacer efectivo el derecho humano de libertad de expresión y de acceso a la información.