El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó este miércoles impedimento de salida del país por 36 meses Héctor Becerril.
Al excongresista de Fuerza Popular se lo investiga por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal.
En su resolución, el tribunal explicó que todos los delitos imputados contra Héctor Becerril son sancionados -en el extremo mínimo- con una pena privativa de la libertad mayor a los tres años exigidos como presupuesto para dictar impedimento de salida del país.
«Por lo que se cumple con el requisito exigido para su imposición», detalla el documento.
De igual forma, el juzgado consideró que existe sustento indiciario respecto a las imputaciones planteadas por el Ministerio Público contra el exparlamentario, de acuerdo con el estado de las diligencias preliminares.
Además, mencionó que se ha acreditado el riesgo de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, al contar con un arraigo domiciliario débil.
En la audiencia, añadió, Héctor Becerril titubeó y evidenció no conocer su dirección domiciliaria, lo que genera dudas, y no acreditó ocupación o trabajo, lo cual implica no tener arraigo laboral.
Asimismo, el juzgado estimó que, al ser investigado como integrante de una presunta organización criminal y teniendo en cuenta que estas organizaciones poseen recursos suficientes para evitar ser descubiertos y eludir a la justicia, Héctor Becerril puede usar esos recursos para evitar su responsabilidad penal.
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«A pesar de estar en diligencias preliminares, existen elementos indiciarios graves que sustentan la investigación y la vinculan con los delitos materia de imputación», precisa la resolución.
Enfatiza, de igual modo, que existe riesgo razonable de que Héctor Becerril pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal, y precisa que los 36 meses de impedimento de salida del país son razonables y se encuentran conforme a ley.
El Ministerio Público acusa a Héctor Becerril de haberse aprovechado de la función pública para obtener prebendas económicas; por ejemplo, haber usado su cargo para lograr la ejecución de tres obras públicas referidas a la transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras.
A cambio de esto, precisa la Fiscalía, el exparlamentario y sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, habrían recibido beneficios económicos y también material de construcción, como porcelanatos.
Foto internet/medios- Video ATV