Un tribunal de Perú ordenó suspender 127 concesiones mineras otorgadas dentro de una comunidad indígena sin haber consultado previamente a los nativos ni haber obtenido su consentimiento, anunció este lunes el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).
La Sala Civil de la Corte Superior de la región Madre de Dios también suspendió por las mismas razones cuatro licencias de agua y once adjudicaciones de predios agrícolas.
La sentencia ratificó el fallo emitido en primera instancia por el Juez Provisional del Juzgado Civil Transitorio de Tambopata en favor de la comunidad nativa Tres Islas, donde habitan indígenas de las etnias amazónicas shipibo y ese’eja.
Aunque el fallo fue emitido en marzo, no fue hasta ahora que la sala ordenó ejecutar la sentencia después de declarar infundados sendos recursos presentados por el gobierno regional de Madre de Dios y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
La importancia de la sentencia reside en que da una suerte de carácter retroactivo a la Ley de Consulta Previa de Perú, aprobada en 2011, ya que entiende que las consultas deberían haberse aplicado en el país desde que se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla este derecho.
«Esta sentencia sienta un precedente muy importante al aplicar estándares internacionales, superando la idea de que la consulta previa sólo es obligatoria a partir del 2012, cuando se dio el Reglamento de la Ley de Consulta Previa», señaló Raquel Yrigoyen, abogada del IIDS.
El gobierno regional de Madre de Dios, región fronteriza con Bolivia y Brasil, tiene diez días para anular todo acto inconsulto en curso y tendrá prohibido de otorgar nuevas concesiones sin consulta previa.
Lo mismo sucede con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que otorgó derechos de agua para la minería a terceros sin consulta previa, entre cuyos beneficiarios estaba Luis Otzuca, el anterior gobernador regional, según detalló el IIDS.
La comunidad espera que la sentencia garantice de forma efectiva el cese de la actividad minera dentro de su territorio, así como la descontaminación, atención de la salud y agua segura, acciones contempladas en una medida cautelar otorgada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE