Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, conversó con periodistas peruanos instantes previos a la autorización del presidente del Congreso para publicar la vergonzosa Ley de Impunidad. Hoy ya está oficializada la norma que representa desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La especialista cuestionó el silencio del régimen de Dina Boluarte de observar y evitar el avance de la autógrafa que declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002.
Juanita Goebertus advirtió que con el desacato a las medidas solicitadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perú se ubica en una posición similar a Venezuela y Nicaragua.
Alto Comisionado de DDHH de la ONU, @volker_turk, lamenta ley que establece prescripción de crímenes de lesa humanidad.
La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos de las victimas. https://t.co/d0LeZflpNn
— Misión OACNUDH Perú (@OACNUDHPeru) August 9, 2024
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que con la Ley de la Impunidad, cerca de 600 procesos judiciales serían afectados. Sin embargo, Goebertus apeló en la confianza de la labor y ética de los fiscales y jueces peruanos para defender los Derechos Humanos en sus fueros.
Ante ello, la especialista fue consultada por esta redacción sobre las pocas garantías que existen en el sistema judicial, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha desacatado solicitudes de la Corte IDH, como sucedió cuando se otorgó el indulto al dictador Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“El Estado peruano ha mostrado desobediencia, en general, frente a estas órdenes del sistema interamericano. Ya lo había hecho cuando se ordenó liberar en diciembre del año pasado a (Alberto) Fujimori, a pesar de que el sistema interamericano le había ordenado no hacerlo, por ser contrario a las obligaciones que tiene el estado de Perú”, dijo Juanita Goebertus.
El congreso promulgó la ley de la #impunidad, cuyo objetivo es ayudar ilegalmente a militares condenados por delitos calificados como crímenes de lesa humanidad para evitar que cumplan sus condenas.
Ahora le toca al @Poder_Judicial_ responder con el derecho a este mamarracho. pic.twitter.com/JctFYjuDta— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) August 9, 2024
Al nivel de Venezuela y Nicaragua
En el encuentro promovido por la Fundación Gustavo Mohme Llona y la Red Micaelas, se le consultó a Juanita Goebertus sobre los alcances y prerrogativas de la Procuraduría Supranacional peruana. Esta última consulta es en el contexto de que en recientes audiencias en la Corte IDH, la representación legal del Estado Peruano, que es elegida por el Ministerio de Justicia y tradicionalmente era delegada a abogados de la Procuraduría Supranacional, ha cambiado.
Con la disposición del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana para publicar la Ley que precisa la aplicación y los alcances del Delito de Lesa Humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, el Estado peruano confirma un segundo desacato. Esto en relación con la medida provisional que dictó la Corte IDH para que el Estado peruano se abstenga de darle trámite a la Ley de Impunidad.
“El gobierno de Dina Boluarte no está interesado en frenar esta arremetida del Congreso contra el sistema democrático y las instituciones. Muy por el contrario, no solo la tolera; en la práctica, está dispuesta a apoyar ese proceso”, comentó la representante de HRW.
En un evidente llamado a la barbarie…. El @congresoperu y el Ejecutivo publican Ley de impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en contra de sus obligaciones internacionales, la dignidad de las víctimas y el mandato de la @CorteIDH. pic.twitter.com/3AfRMeo29O
— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) August 9, 2024
Goebergus también lamentó las nuevas estrategias elegidas por el Estado peruano en sus representaciones ante la Corte IDH. Explicó que la Procuraduría Supranacional está limitada a las indicaciones del actual gobierno, y en consecuencia, el Ministerio de Justicia está optando por sostener alegatos contrarios al Derecho Internacional. Estos desacatos y prácticas litigantes contrarias a los Derechos Humanos afectan las competencias del Estado Peruano internacionalmente.
“En la práctica, Perú queda en una posición al lado de Nicaragua y Venezuela, en términos de no reconocer decisiones del sistema interamericano […] Lo más grave es que abre la puerta para revisar condenas que ya están firmes tanto contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno, como miembros de Sendero Luminoso que ya fueron hallados responsables de crímenes de guerra”, dijo la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Texto: WSV
Foto: Composición
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