El representante en Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, sostuvo hoy que la ciudadanía “con todo derecho y razón” apoyaría un gobierno de «mano dura» para enfrentar la corrupción y la impunidad, lo cual -aclaró- no significa optar por el autoritarismo o una dictadura.
Al comentar la última encuesta de GFK, en la que un 61 % de las 12,246 personas consultadas se pronuncia por un gobierno de mano dura ante la corrupción, Medina expresó que lo que se espera es el cumplimiento de la ley y sancionar a los responsables en las cuales se han vulnerado las normas.
Un 30% sostiene que «pese a todo, la democracia es la mejor forma de gobierno» y un 9% evita opinar al respecto, de acuerdo al estudio publicado este domingo en un medio local.
Dicha encuesta nacional urbano-rural de GFK, señala que el 68% cree que puede haber corrupción en cualquier forma de gobierno; y un 52% estima que la corrupción se ha convertido en el segundo problema que afecta al país, después de la inseguridad.
“Hay que interpretar eso de ´mano dura´ como un gobierno de decisiones firmes para enfrentar la corrupción y que no haya complicidad desde el Estado”, anotó Medina.
Indicó que la percepción ciudadana de ninguna manera se puede interpretar como un apoyo al autoritarismo, porque puede ser un gobierno de izquierda o de derecha, pero está claro que se requiere mayor firmeza, sobre todo para evitar la impunidad, que es uno de las graves problemas de la sociedad peruana.
Sostuvo que la lucha contra la corrupción y la impunidad, como lo demuestran todos los estudios, informes e investigaciones realizadas “tiene que involucrar a todos los actores del Estado y la sociedad”.
Mencionó que dentro del Estado están los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como el Ministerio Público y la Policía Nacional al igual que diversas organizaciones de la sociedad tienen que trabajar de manera conjunta para enfrentar la corrupción y la impunidad.
El escándalo desatado por la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de coimas por 29 millones de dólares a ex funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, ha tenido repercusión en el país.