IDL alerta «grave arremetida contra el periodismo», tras denuncia contra Gorriti

shadow

 

La investigación preliminar iniciada por la Fiscalía de la Nación contra el periodista Gustavo Gorriti y dos fiscales anticorrupción, es «una grave arremetida contra el periodismo» en el país, alertó este viernes 29 el Instituto de Defensa Legal (IDL).

«La criminalización contra el periodista Gustavo Gorriti es una grave arremetida en contra del periodismo de investigación y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados», advirtió en un comunicado el organismo, al que pertenece el medio de investigación digital IDL Reporteros, que dirige el periodista.

Aseguró que esta investigación «le hace el juego a la corrupción, cuyo objetivo es conseguir la impunidad y anular los casos más importantes de criminalidad organizada, entre ellos, el caso Lava Jato y el de Los Cuellos Blancos del Puerto».

El Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró «injustificada» la investigación fiscal y enfatizó que «se realiza al mismo tiempo que una sistemática campaña de difamación y descrédito emprendido por sectores involucrados o cómplices de los operadores de estas mafias disfrazadas de empresarios, políticos, periodistas y autoridades».

IDL recordó que Gustavo Gorriti «cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el acoso, hostigamiento, estigmatización y peligros a su integridad por el hecho de ejercer el periodismo de investigación».

La decisión de abrir investigación la tomó el fiscal supremo Alcides Chinchay después de que Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, asegurara que los fiscales entregaron a Gustavo Gorriti información confidencial respecto a los casos en investigación por apoyo mediático.

Ministerio Público abre investigación a fiscales del caso Lava Jato y a Gustavo Gorriti

Alcides Chinchay abrió la investigación por presunto cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal, según informan medios locales.

El fiscal consideró el caso como “complejo” y fijó ocho meses para las diligencias preliminares, que incluirán las declaraciones de los investigados, además de las de Jaime Villanueva.

El Ministerio Público indicó a través de un comunicado que “los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia”, aunque precisó que “nadie tiene derecho a no ser investigado”.

“Exhortamos a las personas investigadas y a la opinión pública, a asumir este cumplimiento de un deber de la Fiscalía con serenidad, sin atribuir intenciones espurias por el solo hecho de que les resulte desagradable que el Ministerio Público cumpla una obligación funcional”, añadió.

El fiscal José Domingo Pérez declaró hoy a El Comercio que en el país avanzan «las acciones destinadas a criminalizar» a los operadores de justicia, y a los periodistas que investigan.

«No se ha tomado en cuenta el daño que se le están ocasionando a los juzgamientos, porque los acusados, en especial Fuerza Popular y Keiko Fujimori, utilizarán la investigación del fiscal supremo Chinchay para solicitar mi exclusión o cese ante el Fiscal de la Nación», manifestó.

RG- Foto Andina

 

984644