Entre febrero y marzo se emitirían los informes correspondientes a las acciones orientadas a determinar si hubo alguna falta administrativa o irregularidad por las reuniones del presidente Pedro Castillo en Breña, adelantó el contralor, Nelson Shack.
“Está en pleno proceso y en los próximos días se va a comunicar a los pliegos de cargos porque creemos que hay una serie de irregularidades y tiene que haber responsabilidades administrativas y, si el caso corresponda, se comprenderá la responsabilidad más política de los ministros a cargo del Congreso de la República”, explicó el funcionario.
“Imagino que en el transcurso del mes de febrero y marzo a más tardar deben salir ya los informes deslindando las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”, añadió.
Este 2021 determinamos numerosos hechos irregulares en entidades públicas a nivel nacional y 15 526 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en 7740 funcionarios y servidores públicos. Los detalles aquí 📲 https://t.co/oyRQOsjgUo pic.twitter.com/YCzNPcdGbt
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En conferencia de prensa, el contralor subrayó que acreditaron una comisión de control y solicitaron información respecto a las citas en el inmueble de Sarratea, solicitud sin responder por el Ejecutivo.
“Pero vamos a seguir con las investigaciones. No vamos a entrar, porque no nos corresponde, a discutir las responsabilidades del señor presidente de la República, pero sí nos corresponde mirar el tema administrativo y ahí la responsabilidad la asumen los ministros”, expresó Nelson Shack.
Contralor general anuncia las próximas intervenciones con alcance nacional a ejecutarse en 2022. Entre ellas, verificación del Buen Inicio del Año Escolar, limpieza pública a cargo de municipios, supervisión de empresas de saneamiento, universidades públicas, entre otros. pic.twitter.com/NlYVOATJCY
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Declaró que las acciones de control además de centrarse en las reuniones de Pedro Castillo, lo han hecho en las instituciones posiblemente involucradas como Provías Nacional.
el contralor precisó a la prensa que, además de las acciones de control sobre las reuniones de Pedro Castillo, los operativos detectaron entre 2019 y 2021 unas 94 autoridades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, o sus parientes, habrían contratado con el Estado pese a no poder hacerlo por ley.
Esto representa – resaltó – un total de 294 procesos de contratación presuntamente irregulares por S/562.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados.
Activaremos órganos sancionadores para la aplicación de sanciones efectivas como resultado del Proceso Administrativo Sancionador (PAS). pic.twitter.com/lRD9VzttEh
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Nelson Shack dijo que no poder precisar quiénes eran los funcionarios implicados o cuántos correspondían al actual gobierno de Pedro Castillo debido a que se requiere validar la información, pues Registros Públicos no dispone de información actualizada de las empresas.
“Resulta que la autoridad ha contratado en la gestión de su entidad a una empresa y uno mira en Registros Públicos y ver que la empresa contratada es del hermano del funcionario. No puede haber contrato. Pero resulta que el hermano creó la empresa hace 5 años, pero hace 3 años cuando la autoridad no era autoridad, hubo traspaso de acciones y eso nunca se escribió en Registros Públicos”, indicó el contralor.
“Por eso no puedo decir quiénes son porque está en proceso de validación”, argumentó.
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