Con el objetivo de enfrentar el uso indebido de la telefonía móvil e Internet en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) instaló una mesa técnica para implementar medidas que prevengan las comunicaciones ilegales desde estos recintos. Esta acción se desarrolla en el marco del Decreto Legislativo 1688, que busca reforzar la lucha por la seguridad ciudadana.
La viceministra de Comunicaciones, Carla Sosa, lideró el encuentro y subrayó la importancia de esta colaboración entre entidades del sector público y privado para desarrollar soluciones efectivas a fin de contrarrestar el uso ilícito de dispositivos de comunicación en los penales.
En la reunión, participaron representantes de instituciones clave, incluyendo el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otras entidades.
El Decreto Legislativo 1688 establece la regulación de obligaciones y sanciones administrativas para las operadoras de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en centros penitenciarios y juveniles. El decreto se publicó en el diario oficial El Peruano y tiene como objetivo garantizar que las operadoras cumplan con la restricción de señales de telecomunicaciones en estos establecimientos, salvo excepciones por motivos de seguridad pública.
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Para asegurar el cumplimiento de estas normas, las empresas operadoras deberán implementar mecanismos tecnológicos que impidan comunicaciones ilegales y que respalden los sistemas de seguridad establecidos por las autoridades competentes. La mesa técnica también abordará la creación de una plataforma que permita el intercambio de información relevante entre las entidades involucradas, que fortalecerá la capacidad de respuesta e intervención en casos de comunicaciones ilícitas.
“La instalación de esta mesa técnica no solo busca reglamentar el marco legal, sino también establecer un espacio de colaboración en el que el sector público y privado puedan sumar esfuerzos y capacidades. El compromiso de todos los actores presentes es fundamental para avanzar hacia un Perú más seguro y conectado,” destacó la viceministra Sosa Vela.
La mesa técnica trabajará articuladamente para desarrollar una reglamentación técnicamente viable y socialmente relevante, que responda a las necesidades de seguridad del país. Esta iniciativa representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia, consolidando el trabajo coordinado entre las instituciones y el sector privado para el bienestar de todos los peruanos.