Seis jueces, de los que cuatro trabajaban en un tribunal de segunda instancia, fueron apartados de sus cargos, de acuerdo con un comunicado de la Policía Federal brasileña.
Las investigaciones apuntan a que los magistrados formaban parte de una trama corrupta junto con varios abogados y hacendados, a los que vendían sus fallos con el objetivo de legitimar las tierras que compraban de manera irregular y que se calcula que superaron las 360.000 hectáreas.
En la red corrupta también actuaban diversos testaferros y empresas cuya función era ocultar los millonarios beneficios obtenidos de manera ilegal, de acuerdo con las pesquisas realizadas por las autoridades policiales.
La justicia brasileña también autorizó, a pedido de la Fiscalía, el embargo de bienes de algunos de los sospechosos por un valor total de 581 millones de reales (unos 140 millones de dólares).
La operación, autorizada por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ, tercera instancia), desplegó a más de 200 agentes de la Policía Federal de Brasil por varias ciudades de Bahía y la capital brasileña, Brasilia.
Las autoridades cumplen un total cuatro órdenes de prisión temporal y 40 registros en gabinetes, tribunales, bufetes de abogados, oficinas empresariales, así como en residencias particulares de los investigados.
El objetivo de la acción, según la Policía Federal, es «localizar y aprehender pruebas complementarias de los crímenes practicados», entre los que figuran corrupción activa y pasiva, lavado de activos, evasión de divisas, asociación ilícita y tráfico de influencias, indicó la Policía Federal en la nota.