El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) será investigado, en forma preliminar, por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos vinculados a la concesión del Gasoducto Sur Peruano a un consorcio liderado por la empresa brasileña Odebrecht en 2014.
Una resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ordenó iniciar las diligencias preliminares contra Humala por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado por el caso Gasoducto, según informó el portal de El Comercio.
Las investigaciones se extienden además sobre la presunta responsabilidad de los exministros de Vivienda, Milton von Hesse; de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo; y de Agricultura, Juan Manuel Benites en el delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Se trata de una pesquisa declarada compleja y que tomará un plazo de ocho meses, precisó la fiscal.
A raíz de este caso, la esposa de Humala, Nadine Heredia, está impedida de salir del Perú por un plazo de 18 meses, por la investigación abierta en su contra debido al presunto delito de colusión y otros en agravio del Estado.
La misma medida se extendió a los exministros Jorge Merino, René Cornejo y Carlos Paredes, así como a una decena de exfuncionarios.
El Gasoducto Sur Peruano fue adjudicado por más de 7.000 millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó una investigación por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible por parte de Heredia.
En diciembre pasado, el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata detalló en un interrogatorio en Brasil con la fiscalía peruana las «reuniones» con Heredia para la licitación del proyecto Gasoducto durante el Gobierno de su esposo.
Según filtró la prensa peruana, Barata aseguró que Heredia gestionó y coordinó diversas reuniones para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de las obras del proyecto.
Meses antes, Odebrecht reconoció «pagos ilícitos» para adjudicarse el proyecto Gasoducto durante el Gobierno de Humala en un acta firmada con la fiscalía peruana y que determina su culpabilidad.
Esta investigación es paralela al caso que se sigue contra Humala y Heredia por varios delitos relacionados con el lavado de activos, por los que la Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel a Humala y 26 años y medio para Heredia.
La pareja, según la Fiscalía, habría recibido y ocultado dinero irregular de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Tanto Heredia como el expresidente Humala permanecen en Lima y acuden a las citaciones de la justicia con comparecencia restringida, después de haber estado bajo prisión preventiva por nueve meses, entre 2017 y 2018, por las investigaciones del caso Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos.
EFE- Foto internet/medios