ROMA.- Italia emitirá mañana dos sentencias sobre el Plan Cóndor, la operación represiva en América Latina en la década de 1970: El Tribunal Supremo se pronunciará sobre el exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, mientras que el Tribunal de Roma lo hará en primer grado sobre el militar brasileño Átila Rohrsetzer.
Por un lado el Supremo se reunirá en la mañana del martes para emitir una sentencia para Morales Bermúdez, cuyo caso fue separado de la causa general del Proceso Cóndor en Italia, que en julio confirmó catorce cadenas perpetuas a represores de Chile y Uruguay.
Italia imputó a decenas de militares Bolivia, Chile, Perú y Uruguay la desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en el Plan Cóndor.
Todos fueron procesados en contumacia, sin personarse ante el tribunal romano, excepto el uruguayo Jorge Troccoli, pues vivía en el país europeo tras escapar de Uruguay y que fue encarcelado.
En julio el Supremo italiano separó de la causa general los casos de tres imputados peruanos, el general que dirigió el país entre 1975 y 1980 y que acaba de cumplir cien años y los del general de división Germán Ruiz Figueroa y el coronel Martín Martínez Garay.
Tras constatar la muerte de estos dos últimos, únicamente emitirá sentencia sobre Morales Bermúdez.
Por otro, el Tribunal ordinario de Roma deberá dictar un veredicto de primer grado sobre el brasileño Átila Rohrsetzer, por la detención y entrega de dos militantes de izquierdas argentinos en 1980, cuando era director de la División Central de Informaciones de Río Grade do Sul, en la frontera con Argentina y Uruguay.
En caso de ser condenado se convertiría en el primer militar de Brasil en recibir una pena por el Plan Cóndor, debido a que la Ley de Amnistía de 1979 impide investigar y juzgar las torturas, desapariciones y ejecuciones del régimen militar (1964-1985).
El primer caso que se le imputa es el asesinato del militante de los montoneros italo-argentino Lorenzo Viñas Gigli, de 25 años, en 1980, cuando escapaba de Argentina para volar a Italia, donde se encontraba su madre Adelaide.
El otro caso es el de Horacio Campiglia, otro montonero que fue secuestrado junto a Mónica susana Pinus de Binstock en marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro y extraditado a Argentina, donde se le vio en el centro de detención clandestina de «Campo de Mayo».
Los militares brasileños acusados por estos homicidios ascendían a cuatro pero solo ha quedado Rohrsetzer por la muerte del resto.
Italia empezó a investigar hace dos décadas el asesinato y desaparición de varios italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor y en 2007 pidió el arresto de 146 militaresitares de las Juntas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
El paso del tiempo y la muerte, así como la falta de permiso para proceder de Argentina contra sus militares, redujo notablemente la lista de imputados, aunque en julio el Supremo confirmó la cadena perpetua a catorce de ellos, once uruguayos y tres chilenos.
Los tres chilenos condenados son Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Pinochet; el militar Daniel Aguirre Mora y el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones, Carlos Luco Astroz.
Los uruguayos son Troccoli, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco. EFE