TOKIO.- La Federación de Abogados de Japón (JFBA) aprobó hoy por primera vez la adopción de una declaración contra la pena de muerte en el país asiático, donde abogan por sustituirla por la cadena perpetua para el 2020.
Se trata de la primera vez que los letrados del país asiático, el único industrializado y democrático que mantiene la pena de muerte junto a EEUU, adopta un proyecto similar aprobado por la mayoría de sus miembros en su reunión anual sobre derechos humanos celebrada en Fukui (oeste), recogió el diario Mainichi.
La federación se ha marcado como objetivo lograr la abolición de la pena de muerte para dentro de cuatro años, cuando, además de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón acogerá el XIV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
Como una alternativa a la pena capital la JFBA propone adoptar la cadena perpetua sin libertad condicional, aunque considera que, incluso para esos casos, debe posibilitarse una revisión posterior de la sentencia si el delincuente se ha rehabilitado.
La propuesta también hace hincapié en la importancia de mejorar las medidas de asistencia para las víctimas de crímenes y sus familias, y proporcionarles apoyo continuo.
La Delegación de la Unión Europea en Japón y varias misiones de miembros de la comunidad europea aplaudieron la adopción de la declaración de la JFBA y transmitieron su deseo de que propicie un «debate público abierto» en el país asiático a partir de ahora.
Los enviados esperan «que permita a la gente de Japón sopesar por sí mismos la evidencia de un número creciente de países (…) -más de 160 han abolido la medida por ley o en la práctica- de que una abolición de la pena de muerte puede fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales para impartir justicia eficazmente y, al mismo tiempo, prevenir errores irreversibles», indica el texto.
Las últimas dos ejecuciones en Japón se produjeron en marzo, elevando a 16 el número de penas capitales que se aplican desde la llegada al poder en 2012 del primer ministro conservador Shinzo Abe.
La reticencia nipona a abandonar esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que tilda de «cruel» la legislación del país, donde se estipula entre otras cosas que los presos han de permanecer incomunicados y recibir la noticia de su ejecución pocas horas antes de llevarse a cabo.
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