El peruano José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, destacó hoy el hecho de que América Latina esté exportando modelos anticorrupción, al tiempo que aplaudió los de Brasil, Perú y Guatemala entre los más efectivos en la región.
«América Latina últimamente no solo está exportando buenos futbolistas y corruptos, sino también modelos anticorrupción», dijo el fiscal general peruano en la apertura del Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, organizado por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
Ugaz, quien como Procurador ad hoc sacó a la luz la red de corrupción que operó en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), indicó que uno de los ejemplos a tener en cuenta en la lucha anticorrupción «es el que los analistas llaman el modelo peruano brasilero».
Resaltó que a través de este modelo «fue posible enfrentar procesos de gran corrupción con la reserva moral de los sistemas de justicia.
Lo hicieron, recordó, «los jueces y fiscales anticorrupción del Perú con la red criminal de Fujimori y (Vladimiro) Montesinos«, y lo hacen en Brasil «un grupo de jóvenes y valientes fiscales y jueces, enfrentando inmensos poderes económicos y políticos, y logrando resultados en sus investigaciones».
En 2014 comenzó la operación Lavajato, la investigación de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera Petrobras a partidos políticos y miembros del Ejecutivo, por la que se investiga también a la multinacional Odebrecht.
Odebrecht es procesada además por el pago de sobornos en más de una docena de países para supuestamente hacerse con grandes obras de infraestructura pública, según las investigaciones.
Es decir, afirmó Ugaz, «sí se puede (castigar las corruptelas) aun en aquellos casos en que han capturado literalmente al Estado».
El de Guatemala es otro de los modelos anticorrupción efectivo y «mucho más radical» mencionado por Ugaz.
Recordó que Guatemala era el país de la región con «los más altos niveles de impunidad registrados históricamente», con una tasa de impunidad del 97 % y donde «de cada 10 crímenes de alto impacto solo se resolvían 0,3».
Agregó que por esta situación las Naciones Unidas se vio obligada a negociar con el Gobierno de Guatemala para crear un organismo contra la impunidad conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CCIG).
Detalló que la CCIG, con 50 investigadores de todo el mundo, apoya a la fiscalía guatemalteca para investigar los casos de corrupción, en un proceso que ha tomado ocho años «con resultados que son abrumadores con un expresidente y una exvecipresidenta presos (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti»), ministros de Estado y el actual presidente (Jimmy Morales) investigado».
«Se han roto los círculos de corrupción endémicos e históricos de ese país, y hay tanta investigación (en Guatemala) con corruptos identificados que han tenido que crearse campamentos especiales porque las cárceles no se dan abasto para contener esta corrupción», apuntó.
Este paradigma guatemalteco, según el exfiscal, «es extremo porque implica un nivel de cesión de soberanía, pero ha demostrado ser sumamente eficaz y ya algunos otros países, como Ucrania, lo están pidiendo».
Remarcó que de hecho se ha implementado un modelo similar en Honduras que es la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Maccih, con facultades un poco menores, sigue el patrón de intervención internacional de la CCIG «para coadyuar a la investigación y sanción de casos de corrupción», indicó.
El pasado 18 de octubre, la colombiana Marta Ladino y el salvadoreño Allan Hernández fueron presentados como fiscal internacional y jefe de investigación, respectivamente, de la Maccih. EFE