El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) expresó su preocupación por la vulneración a la independencia judicial en nuestro país tras la apertura de un procedimiento disciplinario inmediato por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por situaciones de presión mediática y decisiones, procedimientos y actuaciones recientes que atentan contra la institucionalidad, la colaboración armónica entre los poderes que integran el poder democrático constituido en la República de Perú”, sostuvo a través de una declaración pública.
Lo dispuesto por la JNJ correspondería –señaló Copaju– a interferencias inapropiadas que buscan debilitar la autonomía e independencia de los jueces, quienes únicamente están llamados a responder a la garantía de derechos de los ciudadanos y el propósito de la paz para el bien común, en el mejoramiento colectivo.
El instituto internacional lamentó tal situación al señalar que la Carta Magna del Perú establece que su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, así como que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional
“La interferencia de un poder en otro nos da cuenta más claramente sobre lo que realmente está en juego actualmente en la nación peruana, que genera la erosión de sus instituciones a partir de no respetar la jurisdicción que tiene cada una de las ramas del poder público, y la extralimitación de sus poderes a partir de rencillas coyunturales”, indicó en su declaración.
Resaltó que proceder de forma contraria supondría una grosera intromisión en las competencias y funciones propias del poder jurisdiccional dentro del Estado.
“La separación de poderes sin duda tiene por objeto no solo evitar que se afecten las libertades individuales a partir de un régimen político basado en la tiranía, sino también permitir una adecuada especialización funcional, a través del ejercicio independiente de las competencias de cada rama u órgano del poder público”, indicó.
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Por ello, COPAJU hizo un llamado a la garantía de la independencia judicial y de la vigencia del principio de imparcialidad del juez, conforme al Estado Social y Democrático de Derecho, que es soporte de los derechos fundamentales, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos.
La declaración fue firmada por Roberto Andrés Gallardo (Argentina), presidente de Copaju; Ana Inés Algorta Latorre (Brasil), vicepresidenta; Gustavo Daniel Moreno (Argentina), secretario; Daniel David Urrutia Laubreaux (Chile), María Julia Figueredo Vivas (Colombia) y Tamila Ebrahimi Ipema (USA), vocales de la organización.
Copaju, constituida en el Vaticano el 4 de junio de 2019, bajo la inspiración del Papa Francisco, es un instituto que reúne a reputados hombres y mujeres del Derecho que buscan estudiar y promover los derechos sociales para darles operatividad y luchar contra los obstáculos que atenten su concreción.
MÁS PRONUNCIAMIENTOS
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) alertaron también de la afectación a la independencia judicial y el debido proceso en el Perú en referencia al procedimiento disciplinario inmediato contra Tello Gilardi.
“La apertura de dicho procedimiento disciplinario afecta el principio del debido proceso -garantía reconocida por la Constitución Política-, toda vez que el cargo atribuido no constituye infracción disciplinaria ni tampoco una flagrante falta disciplinaria “muy grave”, que pueda ser susceptible de destitución”, señalaron.
Asimismo, consideraron que lo dispuesto contra la titular del Poder Judicial afectaría los principios de supremacía constitucional, legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, y de tipicidad recogidos en el artículo 1 del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la JNJ.
En ese sentido, las juezas y jueces del país instaron a la JNJ al respeto por la garantía de la independencia judicial, “pues ningún juez o jueza puede ser sancionado por el criterio aplicado en las decisiones jurisdiccionales que adopte, dentro de un proceso regular que respete el debido proceso”.
“Hacerlo implicaría una abierta injerencia en sus funciones, proscrita por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución”, advirtieron.
or último, Jusdem y APMJ hicieron un llamado a los jueces y juezas de la República a estar alertas al desarrollo de este procedimiento disciplinario de la JNJ contra la jueza Tello Gilardi y otros cuatro jueces supremos.
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NACIONES UNIDAS
En la víspera, asimismo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, instó al Gobierno y a la JNJ garantizar el respeto a la independencia judicial y abstenerse de cualquier interferencia que debilite el Estado de derecho, en referencia al caso de Tello Gilardi y los demás jueces supremos.
En su pronunciamiento, señaló que quienes imparten justicia desempeñan un papel fundamental en la defensa del sistema democrático y la protección de los derechos humanos, lo que solo es posible garantizando su independencia.
Además, expresó que observa con preocupación, en el Perú, el patrón más amplio de ataques a la independencia judicial, que incluyen reformas legales, acusaciones constitucionales y ataques directos contra autoridades judiciales y electorales.