Las víctimas del caso Manta y Vilca, donde por primera vez en Perú se juzga las presuntas violaciones sexuales de campesinas a manos de militares como crimen de lesa humanidad, se quedaron sin poder dar sus testimonios ante el tribunal que lleva el caso, al aplazarse la audiencia donde debían declarar. El Colegiado B de la Sala Penal Nacional de Perú decidió reprogramar la sesión por la ausencia del abogado de uno de los 14 militares procesados, lo que alargó la espera de las víctimas para dar su testimonio de unos hechos ocurridos hace 33 años.
En la audiencia de hoy iban a intervenir por primera vez en el juicio dos de las nueve denunciantes para relatar ante los magistrados cómo fueron violadas en 1984 en los municipios de Manta y Vilca, situados en la región de Huancavelica, en los Andes centrales de Perú, donde los militares instalaron una de sus bases. Las violaciones, algunas de ellas con la participación de varios militares, fueron denunciadas en el marco del conflicto interno acontecido desde 1980 hasta 2000, que enfrentó a las fuerzas armadas y de seguridad de Perú con los subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). A las afueras de la Sala Penal Nacional, donde las audiencias del juicio de Manta y Vilca se desarrollan de manera reservada, sin acceso a los medios de comunicación, decenas de personas se manifestaron para pedir agilidad y transparencia al proceso.
Activistas de derechos humanos participan en una protesta este lunes 17 de abril, afuera de la Sala Penal Nacional de la ciudad de Lima (Perú). El tribunal peruano que juzga el caso Manta y Vilca, el primero del país en que la acusación denuncia violaciones sexuales de militares a campesinas como crimen de lesa humanidad, suspendió hoy la audiencia donde iban a testificar las víctimas por la ausencia de uno de los abogados de los acusados. EFE/Ernesto Arias
La movilización estuvo organizada por la ONG feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que patrocina a tres de las denunciantes, y cuya directora, María Ysabel Cedano, consideró a Efe que el aplazamiento de la audiencia es una «lamentable» decisión del tribunal. Cedano recordó que las víctimas de Manta y Vilca tuvieron que esperar ocho años de investigación y luego un año más adicional hasta que se inició el juicio en julio de 2016. La directora de Demus lamentó que en la sala no exista separación entre los acusados y las denunciantes, quienes «tienen que pasar esos largos minutos en presencia de estos señores, que lo que hacen es provocarles pánico». En las audiencias previas, los acusados se excusaron de las violaciones inculpadas en que las denunciantes eran sus parejas y que están despechadas porque las abandonaron con los hijos, o también en que no les hacía faltar violar mujeres porque dentro de la base militar tenían un prostíbulo, según Cedano. Esas declaraciones de los acusados difieren de los relatos de las víctimas, quienes denunciaron haber sido violadas en repetidas ocasiones y por varios grupos de militares cuando tenían entre 14 y 17 años.
Una de las víctimas que iba a testificar, identificada como T.A.B., aseguró en una entrevista publicada en La República, que las violaciones se sucedieron en sus casas, en el cuartel y también en el campo. «Ellos nos trataban de ‘terrucas’ (terroristas), nadie nos podía defender, ellos eran la autoridad. (…) Me inmovilizaron mis manos y mis piernas. Yo gritaba y me vendaron la boca. El militar me violó. Yo me mordía la boca porque cuando un militar terminaba y comenzaba otro. Esa fue la primera vez», narró la víctima. Al plantón de hoy también asistieron la viceministra de la Mujer, Russela Zapata, y las congresistas del Frente Amplio de izquierdas Tania Pariona y Marisa Glave. Pariona comentó a Efe que las denunciantes contarán en el juicio esas escenas y la manera en que esos sucesos les impactaron en su salud mental y física, y también en su integridad. «Todas han quedado en el silencio y en la represión interna de sus propios dolores porque no ha habido oportunidad ni el apoyo del Estado para emprender una justicia en términos más amplios de lo que ha implicado el conflicto armado en nuestro país», dijo Pariona.
El caso Manta y Vilca fue investigado inicialmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en cuyo informe concluyó que «los soldados acostumbraban a incursionar en la comunidad y violar sexualmente de las mujeres en sus casas o en la base militar». EFE